El jefe del bloque peronista "Argentina Federal", el senador Miguel Ángel Pichetto, considera "razonable" que el fallo judicial que absolvió al expresidente Carlos Menem en el caso de venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador en los años 90. "El fallo me parece razonable porque el plazo está vencido largamente", dijo en el canal Todo Noticias. "Es insostenible desde el punto de vista jurídico mantener a alguien durante 23 años sin dictar sentencia".
"El fallo tiene 283 paginas, probablemente mañana lo tenga y voy a leerlo, y yo tengo una visión de concordar con el fallo", explicó Pichetto respecto a la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de considerar cumplido el "principio del plazo razonable" para que la Justicia llegara a una sentencia firme en la causa abierta en contra de Carlos Menem, de 88 años, y más de una decena de acusados.
"Tal vez no sea politicamente correcto contestarle esto, y sería oportunista de mi parte funcionar de otra manera, pero, transcurrieron veintitrés años", dijo Pichetto. "El argumento central del fallo hecho por un tribunal de prestigio". Menem fue procesado en el Tribunal Oral y fue absuelto. Se valoró la prueba, los testigos, la pericia y el Tribunal dijo que Carlos Menem no tiene responsabiildad penal en la venta de armas".
Incumplimiento de plazos y falta de pruebas: por qué la Justicia absolvió a Menem
"Después de 23 años están agotados todos los plazos", sentenció el senador, quien afirmó al programa "Código Político" qe se trató de un proceso "inviable": "Tener sometido a juicio a una persona y tener la incertidumbre de la sentencia absolutoria condenatoria durante 23 años es un despropósito".
La investigación comenzó en 1995 cuando Menem todavía era presidente, a partir de una denuncia por contrabando de 6.500 armas argentinas a Ecuador y Croacia, países que en ese momento se encontraban involucrados en diferentes conflictos bélicos y sobre los que pesaba un embargo de Naciones Unidas que impedía abastecerlos de armamentos.
Según la investigación, Menem firmó tres decretos entre 1991 y 1994 por los cuales Argentina le vendía armas a Panamá y Venezuela para ocultar que, en realidad, lo hacía a Croacia y Ecuador, países que en esos años se encontraban en guerra en la ex Yugoslavia y con Perú, respectivamente. Por el caso el expresidente fue juzgado en 2011 y absuelto por un tribunal, pero en una instancia superior, aunque seis años después, recibió una condena de siete años de prisión. Fue la primera condena a prisión a un ex presidente democrático de la Argentina.
