En la sede del Obispado se concretó la rúbrica del instrumento legal que establece el compromiso de ambas instituciones en pos de trabajar en la protección integral de los derechos de niñez, adolescencia, familia y de personas adultas mayores.
También se bregará por el desarrollo de las habilidades de los/las adolescentes y jóvenes a través de proyectos participativos y sustentables. Otro punto que se tendrá en cuenta es el tratamiento de las problemáticas sociales como el consumo indebido de sustancias, prevención de la violencia de género y familiar, erradicación del trabajo infantil, y reinserción educativa de niños, niñas y adolescentes. Además, se garantizará el acceso a la alimentación y a beneficios de la seguridad social de la población.
El convenio tendrá una duración de cuatro años y las tareas estarán a cargo de equipo de profesionales de las instituciones intervinientes.
Tras la firma, el Obispo Fernández sostuvo que con el acuerdo tanto la iglesia como el Gobierno, podrán atender y cuidar a la gente. Destacó que el convenio “servirá para potenciar los esfuerzos que cada uno hace, las posibilidades y recursos que tenemos. Nos permitirá ser más eficaces, ya que a veces por dispersar las fuerzas no tenemos las posibilidades de resolver problemas que hoy necesitan mayor celeridad”.
