Cristina Kirchner fue procesada como jefa de una asociación ilícita que recaudaba coimas

La ex presidente Cristina Kirchner fue procesada por el juez federal Claudio Bonadio en la causa judicial que se inició a raíz de las revelaciones del chofer Oscar Centeno. El magistrado consideró a la ex mandataria "jefa de una asociación ilícita" por admisión de dádivas en 22 hechos y por cohecho pasivo en 5 hechos. Además, le dictó un embargo por cuatro mil millones de pesos. 

El juez dictó la prisión preventiva de la ex presidente. Como es senadora, para que se concrete la detención a Cristina Kirchner deben quitarle sus fueros parlamentarios. Sin embargo, el magistrado dejó pendiente el pedido de desafuero hasta que la Cámara Federal revise la decisión que firmó este lunes, minutos después de las 15.  Si la Cámara confirma el procesamiento, entonces se pedirá el desafuero.

En la introducción de la resolución de más de 500 páginas, Bonadio describe el funcionamiento de la asociación ilícita que sitúa entre los años 2003 y 2015, durante los 12 años de gobierno kirchnerista. Para el juez se "hizo funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad, que dejaba al pueblo más humilde sin cloacas, sin agua corriente, sin servicios, sin transporte seguro, etc., etc., y todo esto se hizo para distribuir coimas a funcionarios corruptos a cambio que, por avaricia y codicia, ese selecto grupo de empresarios también se llenaran los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones, sosteniendo a posteriori un discurso acomodaticio y cobarde, pretendiendo haber cedido a las presiones oficiales, en bien de cuidar sus empresas y los puestos de trabajo de sus empleados".

Bonadio señaló que: "Esta mecánica funcionaba más o menos así: para ganar una obra pública, la explotación de un corredor vial, una concesión de transporte ferroviario o ser beneficiado con la asignación de subsidios al transporte automotor o empresas prestatarias de bienes y servicios por cuenta y orden del Estado Nacional, una empresa o grupo de empresas -UTE- entregaban un porcentaje de lo que el Estado Nacional les pagaba, a los funcionarios que Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández designaban para esos menesteres a fin de recibir esos "retornos" o "coimas".

Y agregó :"Claro está que los fondos pagados por el Estado por esas contrataciones estaban "inflados" en perjuicio del conjunto de los argentinos y con el sólo objetivo de enriquecer ilícitamente a funcionarios y empresarios corruptos. El producido de esos sobornos era utilizado para sufragar de manera ilegal actividades de naturaleza electoral, o vinculadas a la gestión política del gobierno y de organizaciones satélites; también se determinó que partes de esos fondos se desviaron para comprar voluntades del Poder Judicial o funcionarios que supieron trajinar algún organismo vinculado a tareas de inteligencia política; pero el grueso de esos fondos fueron destinados a engrosar de manera espuria e ilegal, el patrimonio personal de quienes entre los años 2003 y 2015 ocuparon los más altos cargos de la República".

En la resolución Bonadio también procesó a empresarios y a ex funcionarios del Ministerio de Planificación del kirchnerismo como Julio De Vido, José López y Roberto Baratta.

De Vido y Baratta seguirán detenidos y López bajo el sistema de protección de testigos e imputados. También fue procesado el chofer Oscar Centeno, quien escribió detalles sobre el sistema de recaudación y declaró como arrepentido. Oscar Parrilli, ex secretario general de la Presidencia y quien encabezó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en los últimos tiempos del kirchnerismo, también fue procesado.

Entre los empresarios-en representación de compañías importantes como IECSA, Roggio, Esuco, Electroingeniería, Techint,etc- procesados, se encuentran Aldo Roggio, Carlos Wagner, Angelo Calcaterra-primo del presidente Mauricio Macri-, Gabriel Romero, Luis Betnaza, Juan Chediack, , Sergio Taselli, Enrique Menotti Pescarmona, Gerardo Ferreyra, Néstor Otero, Juan Carlos Lascurain, entre otros. Los empresarios fueron procesados por dadores de dádivas y por casos de cohecho, es decir, por pagar coimas a funcionarios públicos. También fueron procesados el ex juez federal Norberto Oyarbide y al integrante de la Auditoría General de la Nación Javier Fernández, ambos sin prisión preventiva.

El juez les dictó falta de mérito a los empresarios  Jorge Guillermo Neira, Héctor Javier Sánchez Caballero, Rodolfo Armando Poblete, Héctor Alberto Zabaleta, Francisco Rubén Valenti  y Osvaldo Antenor Acosta. Y sobreseyó a Raimundo Peduto.

En la causa fue indagado también el ex Jefe de Gabinete del kirchnerismo Juan Manuel Abal Medina, quien reconoció haber recibido fondos provenientes del esquema de recaudación pintado por Centeno. Bonadio no resolvió su situación procesal. Quedó en un apartado de la causa en en el que se investiga el uso el dinero ilegal para las campañas del Frente para la Victoria. Por esa razón fueron citados a indagatoria los dirigentes José Ottavis, Eduardo De Pedro, Andrés Larroque y el empresario Sergio Szpolski.

Otro de los indagados, a partir de los dichos de Centeno, fue el empresario Jorge "Corcho" Rodríguez. Bonadio no resolvió su situación procesal y declaró que la información hallada en su investigación debe ser sumada a la causa en la que se investiga el pago de coimas por parte de la empresa Odebrecht, que está a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi.

Bonadio también declaró extinguida la acción penal por muerte para Néstor Kirchner-a quien se lo consideró como uno de los que armó la asociación ilícita- y a Daniel Muñoz, ex secretario privado del ex presidente quien fue señalado por varios de los imputados como quien recibía los bolsos con dinero.