La actividad de una multinacional dedicada a los negocios inmobiliarios, es considerada “ilegal” por los profesionales de esa actividad integrados colegiadamente.
MENDOZA: La multinacional Remax arribó en 2010 a la Argentina, e inmediatamente se instaló en Mendoza de la mano los hermanos Diego y Efraín Zeballos. Desde el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios aseguraron que la matrícula habilitante de la empresa está suspendida.
El negocio inmobiliario abría innumerables posibilidades para invertir y obtener millonarias ganancias, sobre todo en nuestra provincia, donde el sector creció una enormidad en los últimos años, porque barrios privados y otros emprendimientos, hasta en áreas rurales, hizo atractiva la actividad.
La empresa pudo expandir su propuesta inmobiliaria porque se encuadró en lo que dicen las Leyes nacionales 2.026 y 2.528, mientras que en la provincia quienes trajeron la franquicia estuvieron habilitados por la Ley 7.372, que regula el corretaje inmobiliario, y la 3.043, que lo hace con la actividad de martilleros y corredores de comercio.
Todo marchó bien hasta que, según el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Mendoza, comenzaron a producir múltiples acciones que terminaron con demandas en los estrados judiciales. Muchas de ellas en última instancia, es decir ante la Suprema Corte de Justicia.
El Comité de Acción Fiscalizadora detectó violaciones a las leyes 7.372 y 3.043, de acuerdo a un fallo judicial. Estas acciones se llevaron a cabo en 2012, y derivó, tres años más tarde, en sanciones del Tribunal de Ética, además de fuertes multas.
Las penas monetarias fueron apeladas, pero en 2016 la Corte provincial las ratificó con un fallo (aunque disminuyó los montos al mínimo legal) por considerar que los demandados habrían realizado actividades propias de la función inmobiliaria sin ser profesionales y mucho menos estar habilitados.
Todo esto ha hecho que el Colegio presentara denuncias penales contra las personas que, de manera ilegal, utilizarían la marca Remax.
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