El Presidente del Bloque de Senadores Nacionales de la UCR, Gerardo Morales consideró que urge reformar la institucionalidad del Estado para afrontar el avance del narcotráfico y abordar la problemáticas de las adicciones y afirmó que la provincialización de la persecución de los delitos de narcomenudeo debe ser parte de una serie de reformas que reclama la penetración de la droga en los barrios y ciudades de Jujuy. En esa línea observó que “existen burocracias viejas para afrontar problemas nuevos” por lo que llamó a redefinir las estructuras del estado, reclamó una revisión presupuestaria para derivar recursos a una lucha que es vital en términos de soberanía, seguridad, salud y el estado de derecho y urgió a adoptar decisiones políticas.
Gerardo Morales participó como expositor en las jornadas organizadas por la Universidad Nacional de Jujuy donde se debatió la desfederalización de los delitos de microráfico y el involucramiento de la policía y justicia provinciales en la investigación, persecución y sanción de estos delitos. El senador jujeño valoró que la Universidad haya promovido un espacio plural de debate para abordar un tema central de la agenda provincial y que es transversal a las fuerzas políticas. “Es un problema que ha venido para quedarse y nos exige construir acuerdos para llevar adelante políticas de estado que sean capaces de repeler el avance criminal del narcotráfico y los estragos que está haciendo en la población, en particular en los niños y jóvenes” agregó.
Morales reconoció que la posibilidad de transferir a la provincia la persecución del narcomenudeo es un tema respecto del cual no hay aún un acuerdo unánime, sin embargo instó a profundizar el debate y tomar decisiones políticas al respecto, atendiendo en particular las experiencias exitosas que se han desarrollado en las provincias de Buenos Aires y Salta.
Cabe señalar que la Ministra de Justicia de la Provincia de Salta, Pamela Caletti, indicó durante las Jornadas de la UNJU, que desde que su provincia adhirió a la desfederalización, en enero de este año, se han llevado adelante 1978 procedimientos policiales, con un promedio diario de 7 operativos, se han sustanciado en tribunales provinciales 477 causas y actualmente hay 401 detenidos y 82 condenas. Pero además Salta creó una Unidad Coordinadora con la intervención de funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Judicial y fuerzas de seguridad, donde se articulan acciones y se define políticas para fortalecer la lucha contra el narcotráfico.
“Creemos que Jujuy tiene que adherir a la Ley Nacional 26502” dijo Morales. La norma citada dejó abierta la posibilidad a las provincias de sumar esfuerzos en la lucha contra las drogas, involucrando a sus tribunales y fuerzas de seguridad para repeler el avance de la comercialización interna de drogas y la creciente violencia asociada con ese delito.
Observó Morales que “en la medida que Salta siga avanzando exitosamente en la persecución del narcomenudeo y les complique el negocio a los dialers, puede ocurrir una fuga a territorios como Jujuy, donde existe una laxitud normativa”.
Apreció que la justicia federal en Jujuy no puede dar respuestas esta problemática y en cambio consideró que la justicia provincial que cuenta con más juzgados y fiscalías puede ocuparse de los delitos derivados de la venta de drogas en los barrios. Pero además hay más efectivos de seguridad provinciales con posibilidad de intervenir en la problemática“. Por eso, recalcó, “hay que adherir a la desfederalización y luego trabajar de manera coordinada en el territorio”.
Gerardo Morales indicó que para avanzar en la desfederalización hay que llevar adelante un proceso previo, que permita reducir los equívocos en la implementación y para ello es preciso revisar estructuras y definir mecanismos de articulación.
“Hay barrios en Jujuy, donde existen familias enteras que hicieron de la venta de droga su forma de vida y esto ha incrementado el consumo. Es un problema complejo, pero el Estado no puede seguir mirando al costado”, agregó.
En este contexto, Moraes expresó que debe orientarse la persecución, represión y condena a quienes participan del narcomenudeo y fue categórico en rechazar la criminalización de los consumidores, que deben recibir del Estado respuestas en términos de salud y política social.
“La problemática de las adicciones es una cuestión de política sanitaria y social” dijo el líder del radicalismo jujeño y observó los déficits existentes en Jujuy donde las familias de las personas afectadas por adicciones no encuentran respuestas eficaces en términos de tratamiento, rehabilitación y reinserción social”. A propósito indicó que “hay barrios tomados por el narcotráfico y familias desesperadas que no saben qué hacer. Pero además, agregó, en el sistema de salud –en especial en el interior provincial- hay profesionales, auxiliares, agentes sanitarios que están pidiendo la participación de equipos interdisciplinarios para poder dar respuestas a esta problemática”.
Valoró el senador la sanción reciente en el Congreso de una ley impulsada por el diputado nacional Mario Fiad que constituye un marco general para involucrar a todo el sistema de salud en el abordaje de las adicciones.
Insistió el senador jujeño que es preciso avanzar en una nueva institucionalidad en materia de justicia, fuerzas de seguridad, salud y política social para poder dar respuestas integrales a la problemática del narcotráfico y del consumo de estupefacientes.
Subrayó también que “en la medida que la conceptualización del problema de las adicciones tiene un enfoque de política social y sanitaria vamos hacia una institucionalidad para no criminalizar el consumo,”dijo y señaló el valor del fallo Arriola en este sentido.
“Las personas con problemas problemáticos de consumo y adicciones deben recibir una atención interdisciplinaria para recuperar su salud y su proyecto de vida” acotó y señaló que esto debe ir acompañado por políticas destinadas a crear mecanismos que desde la educación, la cultura, el deporte y el trabajo concurran a generar condiciones para la rehabilitación y la reinserción social.
Morales consideró que debe haber decisión política, lo cual implica reclamar los recursos que prevé la ley que habilita la provincialización de la lucha contra el micotráfico, revisar los presupuestos y poner las burocracias en sintonía para atender estos nuevos problemas” acotó:
LA AGENDA EN EL SENADO
Gerardo Morales, puso de relieve que en el marco del Senado existe la decisión de las diversas fuerzas políticas de abordar una agenda para definir una nueva institucionalidad para combatir el desarrollo de las redes de narcotráfico. En ese marco, precisó, se aprobó recientemente una la ley para establecer la extinción de dominio y que apunta a la confiscación de bienes adquiridos con dinero proveniente del narcotráfico y otros delitos graves. Además resaltó que se ha recibido media sanción la creación de Secretarías especializadas en tema de narcotráfico dentro de la estructura de la justicia federal. El proyecto, impulsado por Morales, busca contribuir a resolver el colapso que sufren los juzgados federales.
También Morales detalló que la agenda en el Senado incluye el debate sobre las fuerzas de seguridad, los mecanismos de control para abordar problemas de corrupción estructural dentro de ellas, mecanismos para combatir el lavado de dinero y atacar la economía derivada del delito y la criminalidad; el control de los precursores químicos usados para las drogas de diseño. Al respecto Morales observó que actualmente ese control se encuentra en el ámbito de la Sedronar que carece de capacidad para esa labor, por es consideró que debe pasar al seno de la ANMAT.
El control de la frontera, la mejora del sistema de radarización, la posibilidad de una ley de derribo de aeronaves sospechadas de tráfico de sustancias psicoactivas, son entre otros los temas que se debaten el Senado, refirió Morales.
