La represión de las fuerzas del gobierno de Nicaragua contra las protestas opositoras recrudeció este fin semana en vísperas de la reanudación de un diálogo que busca poner fin a la violencia, que dejó más de 200 muertos en poco más de dos meses.
El gobierno de Daniel Ortega y la Asociación Cívica por la Justicia y la Democracia -de la sociedad civil- fueron citados hoy, a las 10 locales, por la Iglesia, mediadora del proceso, para discutir la propuesta de adelantar las elecciones de 2021 a marzo de 2019.
La reunión, cuya sede será el seminario interdiocesano en Managua, se realizará tras la violenta jornada de ataques de fuerzas policiales, parapoliciales y paramilitares contra barrios de la capital y de otras ciudades, que dejaron ocho muertos.
Entre las víctimas están un bebé de un año, un adolescente de 17 y dos jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), donde decenas de estudiantes están atrincherados.
Como parte del proceso de diálogo, ayer llegaron a Managua técnicos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y mañana llegarán funcionarios del Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los Derechos Humanos, para indagar sobre los hechos de violencia.
Las protestas comenzaron el 18 de abril contra una reforma a la seguridad social, pero se ampliaron para demandar justicia y la salida del poder de Ortega, a quien acusan de instaurar, con su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, un gobierno autocrático.
"Es imprescindible que [el gobierno] nos comunique oficial y formalmente su aceptación de la propuesta que, recogiendo los sentimientos de la inmensa mayoría de los nicaragüenses, le presentamos el 7 de junio", subrayaron los obispos en un comunicado.
