El Tribunal Constitucional alemán dictaminó este jueves que los maestros de escuela con categoría de funcionarios públicos no pueden hacer huelga. El fallo incluye a otros servidores estatales como bomberos o policías y abre una polémica judicial con la legislación europea.
El Tribunal consideró que una huelga de una amplia parte de los maestros, que cobran mejores salarios y gozan de beneficios especiales, va en contra del sentido y obligación del funcionariado público y podría producir un efecto de imitación en otras áreas de la sociedad.
La decisión del más alto tribunal alemán, que podría acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea provocando una decisión que afecte a los 28 países del bloque, arrancó cuando cuatro maestros de una escuela de primaria fueron sancionados por haber participado en protestas y huelgas para exigir mejoras laborales.
Los cuatro maestros de primaria, de escuelas de los Länder de Renania del Norte – Westfalia, Schleswig-Holstein y Baja Sajonia, participaron en una huelga convocada por la ‘Unión de Educación y Ciencia’, un sindicato docente, junto a otros maestros que no tenían la condición de funcionarios, sino que eran contratados temporales. Según el Constitucional, estos sí tenían derecho a la huelga pero no aquellos cuatro.
En Alemania, en virtud de una antiquísima tradición que se ancla a fines del siglo XIX, un amplio sector del funcionariado público tiene privilegios (entre ellos, jugosos salarios, pensiones de lujo pese a no aportar a las cajas jubilatorias, puestos vitalicios en virtud de los cuales no pagan seguro de desempleo y no pueden ser despedidos, un seguro médico especial que les cubre todo). Pero, esencialmente, según la ley alemana, no deben hacer huelga por su vínculo especial con el Estado como servidores de la comunidad.
Pese a esto, los cuatro maestros recurrieron la sanción administrativa y su caso, tras pasar por varias instancias judiciales, llegó hasta el Constitucional. El dictamen emitido esta semana, leído por el juez Andreas Vosskuhle, asegura que los funcionarios públicos no tienen derecho a la huelga porque, si ejercieran ese derecho, podrían provocar “un efecto dominó” en el funcionamiento de importantes sectores como la educación o la seguridad que podría amenazar “los principios fundamentales de la Administración pública”.
El dictamen respalda así que se limiten los derechos a la huelga laboral para colectivos de trabajadores públicos que suman varios millones de personas (Alemania cuenta con 800.000 profesores, tres cuartas partes de ellos son funcionarios públicos y no pueden ir a la huelga).
El veredicto no prohíbe a los funcionarios públicos asociarse en sindicatos de clase o sectoriales para protestar e intentar que se mejoren sus condiciones laborales y económicas, pero les impide realizar huelgas que perturben el normal funcionamiento del sistema educativo.
Es decir, si los profesores quieren salir protestar por sus derechos y condiciones laborales fuera del horario lectivo tienen toda la libertad para hacerlo. Pero en horario lectivo no pueden hacer huelga. O como dice el dictamen, “los profesores o cualquier funcionario público alemán” pueden pelear por mejorar sus condiciones laborales “pero deben ajustarse a otro tipo de reivindicaciones que no incluyan la huelga o el abandono de su puesto de trabajo”.
Los maestros que recurrieron la sanción administrativa lo hicieron tomándose de la Constitución alemana que protege la libertad de asociación y los derechos de huelga. Los jueces delTribunal aseguran que la prohibición de hacer huelga a los funcionarios públicos no choca contra los derechos que protege la Constitución. Su argumento sostiene: “El derecho a la huelga del sector público provocaría una reacción en cadena con relación con la estructura del servicio público y dañaría esos mismos principios fundamentales”.
El artículo 12 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea asegura: “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación en todos los niveles, especialmente en los ámbitos político, sindical y cívico, lo que implica el derecho de toda persona a fundar con otras sindicatos y a afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses”.
El artículo 28 del mismo texto, de aplicación en Alemania, es aún más claro: “Los trabajadores y empresarios, o sus organizaciones respectivas, de conformidad con el Derecho comunitario y con las legislaciones y prácticas nacionales, tienen derecho a negociar y celebrar convenios colectivos, en los niveles adecuados, y a emprender, en caso de conflicto de intereses, acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huelga”.
