En un paso sin precedentes, dos enviados especiales del Papa, el maltés Charles Scicluna y el español Jordi Bertomeu, acordaron con cuatro fiscales chilenos la cooperación entre el Estado de ese país y el Vaticano para investigar los abusos de menores por parte del clero.
Ayer mismo se vieron los resultados de esta cooperación. La fiscalía y la policía allanaron la sede del Tribunal Eclesiástico en Santiago de Chile y la diócesis de la zona de Rancagua -unos 80 km al sur de la capital- en busca de documentos vinculados con presuntos abusos sexuales sufridos por menores de edad a manos de integrantes de la Iglesia católica local.
El procedimiento en Santiago fue liderado por el fiscal Emiliano Arias, quien investiga a un grupo de 14 sacerdotes de la diócesis de O’Higgins para establecer si habrían mantenido relaciones sexuales con menores a cambio de beneficios económicos para ellos y sus familias.
“Hemos compartido con Monseñor Scicluna la necesidad absoluta de la cooperación entre la Iglesia y el Estado de Chile para los efectos de poder hacer avanzar en este tipo de investigaciones”, anunció el fiscal nacional, Jorge Abbott, tras el encuentro que mantuvo con los religiosos en la Nunciatura Apostólica en Santiago. De ese encuentro participaron también el fiscal de Santiago, Emiliano Arias; el representante de la Fiscalía Sur, Raúl Guzmán, y el de la región del Maule, Mauricio Richard.
“Fundamentalmente esa colaboración es para las investigaciones que nosotros estamos llevando adelante y que tienen relación con abusos que han sufrido menores por parte de personas ligadas a la Iglesia”, detalló Abbott. Y subrayó que el objetivo final “es poder establecer quiénes son los responsables y fijar el castigo de los mismos”.
El arzobispo Scicluna dijo por su parte que “en un contexto ideal, hay colaboración entre Iglesia y autoridad civil porque la inocencia de los menores es un valor esencial para cada sociedad.
Luego, el prelado se refirió a uno de los puntos más relevantes de este acercamiento entre Estado e Iglesia: el hecho de que la cúpula del clero acepte que el abuso es un delito civil que debe ser castigado. “El abuso de menores no es solo un delito canónico, también es un delito civil. El bien común de la Iglesia y la sociedad convergen en la tutela de los menores, que es un valor muy importante”, reconoció Scicluna.
Para poder avanzar en los procedimientos judiciales la Iglesia abrirá una oficina especial para que las víctimas puedan hacer las denuncias, mientras que el Ministerio Público se encargará de establecer un sistema de protección para los denunciantes.
“En Chile todos estamos sometidos a la justicia ordinaria”, insistió Arias, poniendo el dedo en la llaga ya que hasta ahora se había protegido a los curas. Los allanamientos, según la Fiscalía, permitieron recolectar todo el material, incluidos expedientes canónicos, investigaciones previas y antecedentes vinculados a abusos.
Medios chilenos revelaron en mayo pasado que un grupo de sacerdotes de O’Higgins integraban una cofradía denominada “La Familia”, donde mantenían relaciones sexuales con menores de edad y jóvenes. También contrataban en Santiago a jóvenes que ejercen el comercio sexual.
El caso se activó con la llegada a Chile de Scicluna y Bertomeu. Ambos prelados tienen un papel central en la investigación de los abusos, ya que son responsables del resonante informe de 2.300 páginas de febrero pasado, donde citan 64 testimonios de agresiones sexuales. Ese informe llevó a Francisco descabezar la Iglesia católica chilena por imponer, según denunció, “una cultura del abuso y del encubrimiento”.
La nueva visita de Scicluna y Bertomeu a Chile ha sido interpretada como un gesto de Francisco hacia los laicos que sufrieron por el polémico nombramiento del obispo Juan Barros en la localidad de Osorno, 950 km de la capital chilena. Francisco nombró obispo en enero de 2015 a Barros a pesar de que víctimas de abusos sexuales lo habían denunciado por encubrir al párroco Francisco Karadima, autor de numerosos hechos aberrantes.
Ahora Scicluna y Bertomeu, además de cooperar con la Fiscalía chilena, tienen como misión escuchar a las víctimas y visitar la diócesis de Osorno, donde los fieles sufren una fuerte división a raíz de este escándalo. El lunes, un día antes de la llegada de Scicluna y Bertomeu, el Pontífice aceptó finalmente la renuncia de Barros, junto a otros dos obispos chilenos, abriendo el camino a la reconciliación de la comunidad religiosa de Osorno.
“Estamos emocionados, porque durante tres años hemos estado trabajando para que esto se concrete pero no nos sentimos vencedores porque todos hemos perdido mucho”, dijo Juan Carlos Claret, vocero de la agrupación “Laicos y Laicas de Osorno”, férreos opositores a la presencia de Barros.
Los abusos sexuales cometidos por curas y la impunidad en que se mantuvieron durante décadas arrastró a la Iglesia católica chilena a la peor crisis de su historia, y de hecho complicó seriamente a Francisco. w
