
La defraudación atribuida a la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo alcanzaría los 206 millones de pesos, de acuerdo con la investigación iniciada tras una publicación de Clarín a mediados de 2011 y que inicialmente condujo el cuestionado ex juez Norberto Oyarbide, quien finalmente terminó apartado de la causa.
Por otro lado, el juez Martínez de Giorgi determinó que los hermanos Schoklender utilizaron a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, en su condición de apoderados de su Fundación, en "connivencia con funcionarios públicos, para gestionar y obtener de forma ilegítima fondos del Estado".
La Auditoría General de la Nación había detectado que 206.438.454,05 pesos no pudieron ser asociados a pagos relacionados con la gestión de obra, es decir, que fueron desviados de su destino original. La Fundación manejó un total de 748 millones de pesos.
En su momento, el juez sostuvo que pudo "recrear parcialmente el circuito que han seguido los fondos enviados" por el gobierno kirchnerista a la Fundación para la construcción de viviendas y que "fueron ilegítimamente apartados de su objetivo".
El período en que esta operatoria tuvo lugar coincide temporalmente con numerosas transacciones en las que se han visto beneficiados los encartados (los imputados) y las empresas con las que guardan vínculos, sin que exista otra causa que las justifique", sostuvo la justicia y se señaló 19 firmas encabezadas por Meldorek y Antártica.
En la causa también fueron confirmadas las acusaciones por lavado de dinero a otras trece personas relacionadas con las "cuevas" utilizadas para cambiar los cheques que recibía la Fundación del Estado. Entre ellos se encuentran Alejandro Gotkin, José Fernando Caparrós Gómez, Gustavo Serventich y Guillermo Greppi. También para estos trece procesados los embargos llegaron a los $ 250 millones.















