Con bloqueos de carreteras, paros y protestas, Nicaragua completa más de tres semanas de enfrentamientos que dejan al menos 49 muertos, y que ven este viernes un nuevo pico de tensión tras un ataque sufrido por estudiantes en la madrugada.
Las marchas se unen con el grito que demanda la renuncia del presidente Daniel Ortega, un ex guerrillero que acabó construyendo una autocracia totalitaria.
El ataque a dos recintos universitarios en Managua en la madrugada con un saldo total de dos muertos y al menos 10 heridos, según la policía y estudiantes, agravó las tensiones en la capital y otras ciudades.
Kevin Valle, 18 años, murió por disparo de arma de fuego, confirmo el subdirector de la Policía, Francisco Díaz. En tanto, Ángel Parajón, padre de Jimmy, el otro estudiante fallecido, dijo entre lágrimas que su hijo “murió en la Upoli (Universidad Politécnica) con una bala en el corazón. Andaba apoyando a los jóvenes y me lo jodieron a mi chavalo”.
“Basta de represión violenta contra los estudiantes en Nicaragua! Nada violento es durable. La intimidación y la agresión no son el camino”, escribió en Twitter el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez.
Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en tanto, levantaron barricadas con adoquines para evitar el acceso de la policía al recinto ubicado en el sureste de Managua, tras el ataque de la madrugada de grupos de civiles armados que dejó cuatro heridos en ese centro de estudios, dijo a la AFP Yaritza, una dirigente del movimiento estudiantil.
“Todos estamos tensos, no hemos dormido. En la madrugada fuimos atacados por grupos de civil con armas de fuego, pero sospechamos que son policías disfrazados de civil”, apuntó la joven.
Cientos de estudiantes de la Universidad Centroamericana y de otros centros marchaban hacia la Universidad Autónoma en respaldo a los compañeros que resisten en ese lugar, al grito de “íPueblo únete!” y expresando su rechazo a un diálogo convocado por el gobierno con mediación de la iglesia católica, para el cual aún no se ha fijado fecha.
La crisis se ha encendido de tal modo que desborda las demandas originales contra un programa de ajuste que impuso el régimen de Ortega. Ahora la exigencia incluye el fin de la censura de prensa, libertad democrática y la caída del gobierno.
Varias rutas y caminos en la capital y en el interior permanecían bloqueadas, según reportes de la prensa local. “Cómo pensar en un diálogo si te están matando a la gente. El gobierno debe entender que tiene que replegar a los antimotines y a las turbas sandinistas (...) que se vaya Ortega porque no puede gobernar Nicaragua”, dijo en un bloqueo de San Pedro de Lóvago un campesino que se identificó como Nemesio.
En Ticuantepe, 15 km al sureste de Managua, trabajadores de granjas de pollos, taxis y particulares bloquearon el acceso a esa ciudad donde fueron conminados por el jefe de patrullas de Managua, comisionado Julio Sánchez a no perjudicar la libre movilidad de otras personas.
Sánchez, un reconocido dirigente de béisbol, deporte favorito en el país, intentó infructuosamente persuadir a los manifestantes a levantar el bloqueo. Le respondieron que su protesta era pacífica y que “aquí vienen los de la Juventud Sandinista con piedras, machetes y armas a agredirnos”.
En tanto, en Managua, comerciantes del mercado Oriental, el más grande del país, se alzaron con palos, piedras, machetes para defender sus negocios ante la incursión de grupos armados con pistolas.
“No vamos a permitir más violencia, quieren quemar el mercado, saquear las tiendas”, dijo una comerciante que se identificó como Azucena, según imágenes de la televisión.
“Le decimos a la población que no vengan. Estamos en zona de peligro”, agregó, tras acusar a la policía de estar detrás de los grupos violentos.
Por su lado, Francisca Ramírez, líder del movimiento contra el proyecto de construcción del canal interoceánico, llamó a la población a sumarse a un paro pacífico escalonado en respuesta a la represión contra los universitarios.
Los campesinos que viven en la zona rural del proyecto reclaman al gobierno que derogue la concesión que entregó en 2013 a la empresa china HK Nicaragua Canal Development por un siglo, un canal que amenaza con desplazarlos de sus tierras.
