
En una medida que busca reducir la impunidad de los políticos brasileños , el Supremo Tribunal Federal (STF) decidió reducir el alcance del foro privilegiado para diputados y senadores a aquellos procesos sobre crímenes ocurridos durante su mandato y relacionados con el ejercicio del cargo legislativo.
Por decisión unánime de los 11 jueces de la Corte, todas las investigaciones o denuncias realizadas contra legisladores sobre hechos anteriores a la asunción del cargo público o que no estén vinculadas con su función pasarán a ser tratadas por la Justicia ordinaria.
Por ahora, la restricción aprobada solo vale para diputados y senadores nacionales, pero podría extenderse pronto también a otras autoridades, como ministros y el propio presidente de la república.
En estos momentos hay cerca de 540 acciones penales en trámite ante el STF que involucran a 238 de los 594 miembros del Parlamento, según Congreso en Foco, un organismo no gubernamental que lucha contra la corrupción en la política brasileña.
Los casos más famosos son los de los senadores Aecio Neves, expresidente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), y Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), así como del presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, del Demócratas (DEM).
El debate en la Corte había comenzado en mayo del año pasado, pero se suspendió en noviembre ante el pedido de más tiempo de uno de los magistrados para analizar el asunto.
El juez relator de la acción, Luis Roberto Barroso, indicó entonces que debido a que el STF demora varios años en resolver las causas y a que los legisladores renuevan sus mandatos, en la mayoría de los casos los crímenes terminaban por prescribir.
"La práctica actual no cumple adecuadamente los principios constitucionales estructurantes, como igualdad y república, por impedir en un gran número de los casos la responsabilización de los agentes públicos por crímenes de naturalezas diversas. Además de eso, la falta de efectividad mínima del sistema penal, en esos casos, frustra valores constitucionales importantes, como la probidad y la moralidad administrativa", indicó Barroso.















