Blindaje judicial para después del 2015.Es pese a que el kirchnerismo nombró a 7 de los 12 magistrados que juzgan a los funcionarios.
Faltan dos meses y medio, pero nada va a cambiar el diagnóstico: el 2014 fue el peor año para el Gobierno en Comodoro Py en toda la era kirchnerista. Ni siquiera un fallo favorable de la Cámara Federal en el caso Ciccone cambiaría el escenario. Hasta ahora, los tres jueces de la Sala I fallaron en contra del vicepresidente Amado Boudou. No significa nada. Menos en esa causa, donde lo político y lo jurídico se confunden bastante.
Técnicamente, los tres camaristas recién comenzarán a estudiar las apelaciones a partir de este jueves, luego de escuchar a las defensas de Guillermo Reinwick y Guido Forcieri. “No hay plazo, pero vamos a trabajar para resolver antes de fin de año”, dijo una fuente judicial.
La causa Ciccone fue, y seguirá siendo, la madre de todas la batallas a lo largo del año. El procesamiento de un vicepresidente en ejercicio marcó un hito difícil de igualar. Cerca de Boudou le adjudican la derrota a “los errores del Gobierno” en Comodoro Py.
El lanzamiento de Justicia Legítima, sin duda, dividió aguas. Pero no alcanza para explicar la seguidilla de derrotas en todos los pisos de Comodoro Py. También influyó la falta de interlocutores de peso. Esteban Righi y Alberto Fernández ya no están. El secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, perdió varios de sus canales de diálogo, y se distanció del influyente auditor Javier Fernández. El tenor de la pelea varía según el interlocutor, pero nadie la desmiente. A todo eso se le suma el fin de ciclo.
Antes y después del procesamiento de Boudou por Ciccone, la mayoría de los jueces dieron señales de distanciamiento.
Vale la pena hacer un repaso. El procesamiento de los funcionarios de la Sedronar por el tráfico de efedrina, las sucesivas derrotas de Guillermo Moreno, decenas de imputaciones de hombres fuertes del Gobierno como Diego Bossio, Carlos Liuzzi o Florencio Randazzo, el procesamiento de Ricardo Jaime por enriquecimiento ilícito, el rechazo del memorandum con Irán, el procesamiento de Romina Picolotti por sus desmanejos financieros y hasta un allanamiento en la AFA por el Fútbol para Todos.
Son muchas batallas perdidas para un Gobierno que nombró a 7 de los 12 jueces federales.
Salvo Oyarbide, que pelea por mantener su cuota de poder, ninguno de los jueces responden de manera automática al Gobierno, coincidieron media docena de jueces y fiscales consultados por Clarín esta semana. “Los más alineados pisan las causas, y esperan que termine este Gobierno”, explica uno de los más veteranos.
En ese contexto aterriza la reforma del Código Procesal Penal. Los jueces federales ya sienten que perderán poder en manos de los fiscales, aunque en su mayoría apoyarán el espíritu de la reforma. “Hace mucho mas transparente el proceso, de lo escritural y secreto se pasaría a lo oral y público, pero seguramente habrá resistencia”, adelantó uno de los magistrados nombrados por el kirchnerismo.
En el Gobierno admiten que los jueces perderán poder “en el nuevo organigrama”, pero piensan más en los cuestionamientos opositores. “Esta vez nos van a correr por izquierda porque es un Código duro, especialmente en excarcelaciones”, adelantó ayer a Clarín un alto funcionario que supervisó la elaboración del proyecto.
