Alea jacta est. La suerte está echada para Luiz Inacio Lula da Silva , hasta ahora gran favorito para las elecciones de octubre. Tras una maratónica sesión de más de diez horas, el expresidente brasileño quedó a un paso de la cárcel luego de que el Supremo Tribunal Federal (STF) negó un recurso de habeas corpus interpuesto por el máximo líder del Partido de los Trabajadores (PT) para evitar ir a prisión y apelar en libertad su condena en segunda instancia por corrupción .
El tortuoso cónclave de los 11 jueces de la Corte en Brasilia dejó como resultado seis votos por el rechazo del beneficio y cinco a favor. En un clima de mucho nerviosismo dentro de la sala del STF y de alta tensión en las calles de todo Brasil entre simpatizantes y detractores a Lula, votaron en contra del recurso de habeas corpus del exmandatario los jueces Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luis Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux y la presidenta de la Corte, Carmen Lucía Antunes Rocha. En cambio, Gilmar Mendes, José Antonio Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurelio Mello, y José Celso de Mello se expresaron a favor de modificar la jurisprudencia actual del tribunal -establecida en 2016- que prevé el cumplimiento de las penas de prisión tras una condena en segundo grado, al alegar que la Constitución garantiza la presunción de inocencia hasta que haya una condena definitiva.
Pasada la medianoche, con el tablero empatado en 5-5, correspondió a la presidenta del STF emitir el voto final que selló la suerte de Lula, aunque se sabía desde temprano que iría en contra de revisar la jurisprudencia vigente. La gran sorpresa de la jornada fue la postura de la magistrada Weber, quien había mantenido su opinión reservada hasta la sesión y cuyo voto era decisivo para alcanzar una mayoría. Cuando terminó de emitirlo, grupos opositores a Lula que se habían reunido en diversos puntos del país estallaron en júbilo, como si se tratara de un gol de un campeonato de fútbol. En las calles hubo bocinazos y gritos de alegría que contrastaron con las caras de decepción de los seguidores del líder petista.
Una vez que se terminen de aclarar algunos detalles administrativos del proceso en segunda instancia que pueden demorar algunos días, la orden de detención de Lula debería ser firmada por el juez federal de primer grado Sergio Moro, en Curitiba. Fue Moro quien en julio de 2017, en el marco de la Operación Lava Jato, halló culpable a Lula de corrupción y lavado de dinero por haber recibido de la constructora OAS un departamento tríplex en Guarujá como soborno en especie a cambio de garantizarle a la empresa jugosos contratos con la estatal Petrobras durante su gobierno (2003-2010).
El expresidente apeló aquel fallo, pero el 24 de enero, un Tribunal Regional Federal en Porto Alegre ratificó la sentencia y extendió la pena original de nueve años y medio de prisión a 12 años y un mes. Fue entonces que los abogados de Lula presentaron el habeas corpus preventivo ante el STF.
"Los tribunales deben uniformizar sus jurisprudencias y mantenerlas estables, íntegras y coherentes. No hubo, al menos hasta el momento, una revisión. Mi voto es en el sentido de denegar el recurso", dijo el juez Fachin al iniciar ayer a las 14hs la sesión de la Corte Suprema, rodeada de inusuales medidas de seguridad ante el temor a disturbios o enfrentamientos entre manifestantes a favor y en contra de Lula.
El centro de Brasilia, donde se encuentra la sede del STF, amaneció con las calles cortadas y una fuerte presencia policial. El perímetro de la Corte estaba vallado para evitar desórdenes y el vecino parque de la Explanada de los Ministerios había sido dividido en dos espacios, para partidarios de Lula por un lado y para sus opositores por otro.
Es que la polarización política ha enrarecido el ambiente en Brasil en los últimos tiempos, con choques entre militantes petistas y críticos del exmandatario. La semana pasada, dos buses de la caravana de Lula por el estado de Paraná fueron atacados con balas por desconocidos, y aunque el atentado no dejó heridos, generó preocupación por lo que pudiese ocurrir tras la decisión del STF, ante el eventual arresto del expresidente, y en la próxima campaña electoral.
La presidenta del PT, la senadora Gleisi Hoffmann, había advertido que "para agarrar a Lula deberán agarrar antes a mucha gente; más que eso, van a tener que matar a gente". Y el líder del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST), João Pedro Stédile, prometió un "abril rojo" -en alusión al color del PT- con movilizaciones callejeras, llamados a la desobediencia civil, bloqueos de rutas e invasiones de edificios públicos.
En otro aporte negativo a la tranquilidad, anteanoche, el comandante del Ejército, general Eduardo Villas Boas, publicó un críptico mensaje en su cuenta de Twitter en el que señaló que el Ejército "se mantiene atento a sus misiones institucionales" de cara al juicio en el STF. Sus palabras recibieron muestras tanto de respaldo como de rechazo por brasileños que creen que aludía a la posibilidad de una intervención militar, como sucedió en la última dictadura (1964-1985).
La decisión de la Corte por negar el habeas corpus preventivo a Lula es considerada una victoria de las investigaciones anticorrupción de la Lava Jato. Los fiscales que participan de la operación, así como el propio juez Moro, habían resaltado que permitir que un condenado en segundo grado quedara libre mientras apela a las instancias superiores hubiese abierto la puerta para la impunidad de los poderosos ya que con la demora de los procesos judiciales muchos crímenes terminan por prescribir.
Lula, que siempre ha clamado por su inocencia, siguió la sesión del STF por televisión, con asesores y militantes en la sede del sindicato de metalúrgicos de la gran San Pablo. Para evitar su prisión, sus abogados podrían presentar otro recurso de habeas corpus una vez que sea arrestado. Luego, las cartas que le restan son intentar revertir la condena a través de un recurso especial ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), si se considera que se infringieron leyes federales o el proceso jurídico, y, finalmente, un recurso extraordinario ante el propio STF, si se apunta que se violaron principios constitucionales. Estas medidas se extenderían más allá de las elecciones de octubre, para las cuales, hasta ayer, Lula era el candidato favorito, con alrededor del 37% de las preferencias del electorado, muy por delante de cualquiera de sus rivales.
De cualquier forma, la legislación electoral -a través de la llamada Ley de Ficha Limpia- no permite que una persona condenada en segunda instancia sea candidata a un cargo electivo e inhabilitaría su registro. El PT adelantó que pedirá al Tribunal Superior Electoral (TSE) que haga una excepción y acepte su candidatura "sub judice", es decir, mientras se resuelven las apelaciones a la condena en la justicia criminal. Es poco probable que el TSE acepte esa condición, pero sólo habrá una definición en agosto, cuando los partidos deben anotar a sus candidatos.
