El juez Leónidas Moldes resultó designado hoy por sorteo para instruir el expediente abierto en el Consejo de la Magistratura ante la solicitud de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se informe cómo se integró el tribunal que hace dos semanas ordenó liberar al empresario Cristóbal López y dispuso un polémico cambio de carátula en la causa por la multimillonaria deuda impositiva de la empresa Oil Combustibles.
El expediente corre por ahora por cuerda separada de la presentación hecha por el mismo tema por la diputada Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, una de las tres patas de la coalición gobernante. Carrió hasta sugirió la presunta existencia de coimas para que López y su socio, Fabián de Sousa, fueran beneficiados por el tribunal.
Moldes fue sorteado en una reunión extraordinaria convocada por el presidente de la comisión de Disciplina y Acusación, el diputado Pablo Tonelli (PRO-Cambiemos), únicamente para tratar esta cuestión. Los camaristas que quedaron en la mira son Eduardo Farah y Jorge Ballestero, sobre este último por su condición de presidente de la sala I de la Cámara Federal penal porteña.
Ocurre que Ballestero, en vez de acudir a un sorteo para que un tercer juez de la sala II desempatara la postura divergente que tuvo con su colega Leopoldo Bruglia en la causa sobre López, le pasó el caso a Farah bajo el argumento de que ya había intervenido en un expediente supuestamente conexo al de Oil pero cuya conexidad, según dijeron fuentes judiciales, no había sido expresamente declarada en el caso que ahora debían resolver.
El supuesto expediente conexo es el de la causa por el presunto direccionamiento de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz durante el kirchnerismo a favor de las empresas constructoras de López. Al pasárselo directamente a Farah, Ballestero evitó realizar un sorteo entre este último y el otro integrante de la sala II, Martín Irurzun.
Luego del primer voto de Bruglia contrario a la liberación de López y el cambio de carátula que lo benefició, Ballestero emitió el suyo a favor del empresario, derivó el expediente a Farah y éste, en menos de un día, desempató la cuestión a favor del dueño de Oil Combustibles.
Ballestero respondió la semana pasada por escrito al presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, que le derivó la solicitud de informes de la Corte. Explicó lo de la conexidad de expedientes y ahora Moldes deberá revisar eso en las causas que pedirá a los tribunales de Comodoro Py.
La empresa de López está en una situación extrema porque su principal activo, la refinería de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, no está produciendo, y no puede abastecer de nafta y gasoil a su red de más de 300 estaciones de servicio. Presentada en concurso de acreedores a los pocos meses de concluido el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ahora se encuentra al borde de la quiebra por la negativa de la AFIP a incluirla en una moratoria.
Oil Combustibles acumula una deuda actualizada con el Fisco estimada hoy en 17 mil millones de pesos. Se trata del Impuesto a la Transferencia de Combustibles, que en vez de derivar a las arcas públicas cada vez que un automovilista cargaba nafta en sus estaciones lo enviaba a otras firmas del Grupo Indalo y de esta manera, sostienen en el Gobierno, se financió la compra de medios de comunicación afines al kirchnerismo.
El Consejo de la Magistratura volverá a reunirse mañana miércoles, también de manera extraordinaria y con un único tema pero ahora en reunión plenaria, de todos sus miembros, para tratar la decisión de la Corte de inhabilitar un tribunal con jueces trasladados que había sido sorteado para intervenir en dos de los juicios orales que deberá enfrentar Cristina Fernández: el presunto encubrimiento a los iraníes acusados por el atentado contra la AMIA y la llamada "ruta del dinero K".
