
El debate legislativo por la legalización del aborto demorará como mínimo dos meses en llegar al recinto de la Cámara de Diputados, según los cálculos de legisladores y asesores del interbloque oficialista involucrados en el tema.
La decisión del Gobierno de favorecer el debate fue ratificada ayer por Mauricio Macri en una reunión con legisladores de Cambiemos en la residencia de Olivos. El Presidente pidió que se dé una discusión "con altura" y "con los argumentos sobre la mesa".
En plena negociación sobre los tiempos y las características del trámite parlamentario, las diputadas que anunciaron la convocatoria a una sesión especial para el 8 de marzo evalúan dejar sin efecto el llamado, para evitar la división del sector que promueve la legalización. Los referentes de Cambiemos que respaldan el proyecto ya avisaron que prefieren dar primero las discusión en las comisiones.
La convocatoria del 8 de marzo, que coincidiría con la marcha programada por el Día Internacional de la Mujer (8M), sería reemplazada por una actividad conjunta de todos los diputados que pondrán su firma a la iniciativa de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, entre 80 y 100 legisladores. Sueñan con hacer un "pañuelazo" en el recinto de la Cámara baja si obtienen la autorización del presidente del cuerpo, Emilio Monzó.
La condición que ponen para dar de baja la sesión especial es acordar un cronograma de tratamiento del proyecto que habilita la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. En definitiva, quieren garantías de que la discusión no se va a prolongar más de la cuenta.
Las conversaciones con el oficialismo las encabeza Victoria Donda (Libres del Sur), una de las diputadas que habían anunciado la convocatoria del 8M, junto con Mayra Mendoza (Frente para la Victoria) y Lucila De Ponti (Movimiento Evita), entre otras. "Podemos reconsiderar la convocatoria de la sesión del 8 de marzo si encontramos en el oficialismo verdadera voluntad para tratar el proyecto este año. Tienen que empezar a discutirse ahora y resolverse en tiempos razonables", dijo Donda.
Sin definiciones precisas, en el interbloque de Cambiemos advierten que pretenden asegurar un debate "profundo" y "plural" sin dejarse llevar por las presiones de los distintos sectores. "Queremos escuchar todas las voces", dijo la semana pasada la diputada de Pro Carmen Polledo, futura presidenta de la Comisión de Salud.
El de Polledo, una dirigente muy cercana a Mauricio Macri, es un nombre clave en la discusión que se da en estas horas en la Cámara baja. Con una postura clara en contra de la legalización, podría quedar al frente del debate en comisión si Monzó definiera Salud como comisión cabecera del tratamiento.
La otra posibilidad es que, como sucedió en 2016, la comisión de cabecera sea Legislación General. En ese caso, el ordenador del debate sería el diputado de Pro Daniel Lipovetsky, uno de los promotores de la legalización. Las otras dos comisiones a las que sería girada la iniciativa son Legislación Penal, y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, también presididas por el oficialismo. Es una decisión política de la que todavía Monzó no dio pistas. El presidente de la Cámara baja recibirá hoy a Donda para tratar de unificar criterios. "Queremos que el proyecto tenga los mismos giros que hace dos años y a Legislación General como cabecera", anticipó Donda.
En cualquier caso, el proyecto no llegará al recinto antes de mayo. Tanto Polledo como Lipovetsky piensan convocar a especialistas de diferentes ámbitos y a representantes de las organizaciones involucradas en el debate. Si le toca conducir, Lipovetsky prevé dividir la discusión de modo tal que no se crucen los promotores y los detractores de la legalización. Polledo apuntará a verificar las estadísticas para que el debate se desarrolle sobre bases sólidas. Una de sus obsesiones es escuchar a los médicos que deberán encargarse de practicar los abortos. Mientras tanto, en el interior de los bloques siguen los tanteos para calcular qué respaldo tiene la iniciativa. Hasta ahora, 80 diputados se manifestaron a favor y 84, en contra, mientras que 92 todavía no se pronunciaron o dijeron que están indecisos, según un relevamiento de Economía Feminista, una de las organizaciones que promueven el proyecto. Entre los indecisos está Facundo Moyano, del Frente Renovador. Entre los principales impulsores figuran los diputados de Pro Lipovetsky, Sergio Wisky, Marcelo Wechsler y Samanta Acerenza; de la UCR Brenda Austin, Josefina Mendoza, Silvia Martínez, Lorena Matzen, Miguel Bazze y Karina Banfi. Entre los detractores sobresalen Monzó, Elisa Carrió, Nicolás Massot, José Luis Gioja y Pablo Kosiner, entre otros.
LAS PROMOTORAS DE LA SESIÓN ESPECIAL ACEPTARON EL TRATAMIENTO EN COMISIÓN

Un poco a regañadientes pero ante el “nuevo panorama” abierto por la decisión del Gobierno de habilitar el debate, diputadas que impulsan el proyecto de aborto legal aceptaron bajar el pedido de sesión especial que iban a hacer para el 8 de marzo, para tratar el tema en el recinto en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer.
Desde Cambiemos, legisladores que están a favor de la despenalización venían advirtiendo desde la semana pasada, cuando se conoció la decisión del Gobierno, de la inconveniencia de agitar aguas con una sesión especial que iba a terminar siendo “testimonial”. Ayer, hubo conversaciones entre el macrista Daniel Lipovetzky y la radical Brenda Austin -dos oficialistas que apoyan el proyecto activamente- con Victoria Donda, de Libres del Sur, que encabezará la firma de la iniciativa que será presentada el 6 de marzo (la segunda firma será justamente la de Austin, y la tercera de Mónica Macha del FpV, entre otras más de 60, para mostrar el consenso transversal del proyecto).
“Con el anuncio del Poder Ejecutivo estamos frente a otro escenario”, indicó Donda, sin dejar de advertir de la posibilidad de que todo sea "una maniobra dilatoria". La diputada manifestó su rechazo a que el proyecto tenga giro a la comisión de Presupuesto (con fama de “matar” iniciativas) o que tenga como cabecera la de Salud, que preside la macrista Carmen Polledo, contraria a la despenalización.
Donda le pidió a Lipovetzky “gestos” de que se va a propiciar un “debate sincero”. Esto se traduce en que tenga giros (que se decidirán luego del 6, tras ser presentado) a las mismas comisiones que los últimos años y cabecera en Legislación General, que preside el propio Lipovetzky.
El diputado macrista se mostró de acuerdo y ya elevó el tema al jefe del bloque, Nicolás Massot, y al titular de la Cámara, Emilio Monzó. Este miércoles habrá reunión de la bancada de Pro, y definiciones. “Había que bajar esa sesión porque no ayuda a que el proyecto avance, lo partidiza, y no nos puede venir a correr el kirchnerismo que tuvo doce años escondido el tema”, le dijo Lipovetzky a Clarín. Austin, por su parte, remarcó que la sesión especial era una estrategia “previa al compromiso del Gobierno. Había que replantear porque ahora se van a ir sumando más actores, con un debate racional y productivo para lograr sacar la ley”. En este sentido recordó que la sesión especial requiere dos tercios mientras que si hay dictamen, basta con la mayoría simple.
Para el 8 de marzo la "mesa chica" de diputadas que impulsa el proyecto prepara de todas formas una acción simbólica en el recinto, pero no será sesión. Se afirma que tanto las de Cambiemos como las kirchneristas evaluaban que la sesión no convenía porque la movida del Gobierno aplacó los ímpetus y podían mostrar debilidad con pocas presencias en el recinto.















