Uno de los motivos por los cuales Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa terminaron detenidos después de ser procesados por el juez Julián Ercolini por administración fraudulenta al no pagar $ 8.000 millones a la AFIP del impuesto a los Combustibles, fue por buscar eludir a la justicia con la venta de su holding a OP Investiment de Ignacio Rosner. El fiscal Ramiro González imputó hoy a los cuatro empresarios y consideró que debe investigarse si la operación corresponde a una acción fraudulenta.
Lo que parecía ser un acuerdo entre privados, terminó judicializado. Al momento de argumentar por qué se ordenaba la detención de los dueños del Grupo Indalo, el juez Julián Ercolini concluyó que sus dueños cometieron acciones "dirigidas a obstruir la labor de la justicia”. Uno de los ejemplos citados fue la venta que intentó hacer Cristóbal López realizó a Op Investiment, el fondo de inversión de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, pese a regir "una inhibición de bienes que lo impedía".
El juez indicó que la venta del holding de 170 sociedades debía ser investigada por posible fraude. En este sentido, se señaló que la medida cautelar estaba vinculada directamente al pago de la deuda con la AFIP (que a la fecha supera los $ 17.000 millones) y que de los escritos presentados por López y De Sousa "no surgía cómo se iría a abonar; como así tampoco se observó cómo harían frente a la eventual reparación de los daños y perjuicios ocasionados al Estado nacional”.}
Tanto López como De Sousa -según el juez- desplegaron “diversas conductas tendientes a impedir la conservación" del patrimonio del Grupo que sería la garantía de pago al Estado. Fueron ellos mismos quienes manifestaron “haber vendido sus tenencias accionarias -cuando les estaba vedado conforme ya fue expuesto- con anterioridad a haber solicitado autorización para ello”.
Por tal motivo, pidió que se investigue si la operación no se trataba de una maniobra fraudulenta. Esto abrió un nuevo expediente en la justicia federal que recayó en el juzgado del juez Marcelo Martínez De Giorgi. Fue el fiscal Ramiro González quien se pronunció en un dictamen de nueve páginas, al que accedió Clarín: decidió abrir la investigación e imputar a los cuatro involucrados en la compra - venta.
Así, Cristóbal y su socio suman una causa más, mientras que por primera vez los dueños de OP Investiment, quedaron bajo investigación judicial. Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre están imputados junto al empresario K.
Son 170 las empresas que constituyen el conglomerado económico de López y De Sousa, que durante el kirchnerismo creció exponencialmente: hacia 2003, cuando los K llegaron a la Rosada, no existía el Grupo Indalo como tal y Cristóbal sólo tenía una decena de sociedades.
Sobre el holding aún recae una inhibición de bienes y no hay operación posible si no cuenta con autorización judicial. Ya hubo un rechazo por parte de Ercolini a la venta, después de la oposición del fiscal Gerardo Pollicita, los veedores y la AFIP.
Ante tal escenario, se comenzó a investigar si la venta al fondo de Inversión de Rosner, ante el "presunto incumplimiento de la inhibición general de bienes" y considerando que a raíz de los escritos firmados por López y los dueños de OP Investiment "se ha engañado sostenidamente a este juzgado, a la fiscalía actuante, a la AFIP en su doble condición de parte querellante y actora civil y a los veedores designados en este proceso"
El fiscal Ramiro González señaló en su dictamen que el empresario K, sin realizar la previa consulta al juez, firmó un "contrato de compraventa de acciones de fecha 20 de octubre de 2017 a favor de OP Investiment LLC". Rosner y Dellatorre se encuentran administrando Indalo desde octubre, pero no pueden adquirir el paquete accionario aún.
Los dueños de OP asumieron como presidente y vicepresidente de Oil Combustibles (la firma que generó la millonaria deuda con la AFIP) e ingresaron al directorio de las demás empresas.
La Justicia sospecha de que todo podría tratarse de "actos fraudulentos deliberados" que buscarían inducir "a errores procesales para perjudicar a terceros". Así, el fiscal González abrió la investigación, donde se sospecha que la operación "con la posible participación de otras personas hubieran vendido como libres, bienes que estaban inhibidos".
