El primero en ratificar la posición oficial fue Marcos Peña. "Yo creo que no fue un error recibir a Luis Chocobar. El Presidente interpreta una demanda social que es una discusión respecto de tener el beneficio de la duda con respecto a las fuerzas policiales", dijo el jefe de Gabinete anoche durante una entrevista con C5N, en la que aseguró además que el Gobierno sabía del contenido del video en el que se ve cómo el policía de Avellaneda dispara contra el delincuente que apuñaló al turista estadounidense. Patricia Bullrich y el ecuatoriano Jaime Durán Barba redoblaron la apuesta esta mañana. "Cambió la doctrina, la Policía no es culpable en un enfrentamiento", abundó la ministra de Seguridad en Radio con Vos. El asesor estrella de la Casa Rosada fue aún más lejos: "La gente pide que se reprima brutalmente a los delincuentes, hemos hecho encuestas y la inmensa mayoría quiere la pena de muerte".
Si la difusión de las imágenes del accionar de Chocobar horas después de que Mauricio Macri lo recibiera en la Casa Rosada habían abierto un interrogante respecto de la posición del Gobierno en el rubro Seguridad, la sucesión de declaraciones de Peña, Bullrich y Durán Barba dieron por cerrado el debate: el oficialismo endurece su postura.
Y lo hace con mediciones bajo el brazo. Según confiaron desde la mesa chica del Presidente, las repercusiones del caso Chocobar en relevamientos y en las redes sociales arrojaron en los últimos días una aceptación del 80% respecto al accionar del policía de Avellaneda. "Sabemos que es border, pero había que dar un mensaje contundente a la Policía", explicaron desde esa mesa. Es el mismo argumento que el Gobierno había utilizado durante la desaparición de Santiago Maldonado y el asesinato Rafael Nahuel. Con una diferencia sustancial. En esos casos, la defensa de las fuerzas de seguridad había corrido casi con exclusividad por parte de la ministra de Seguridad. Esta vez fue Macri el que, a pocas horas del embargo del policía bonaerense, sentó posición sobre el tema. Y lo hizo de la manera más contundente.
En la ciudad de Buenos Aires, por caso, hay datos que refuerzan el endurecimiento de las posturas. Según información del área de Seguridad, en el 2017 hubo más enfrentamientos armados con la Policía que en el 2016. El Gobierno porteño busca en ese sentido volver a dotar de "autoridad" a la Policía local frente a la población. Un ejemplo: en algunas semanas, los efectivos de dicha fuerza volverán a labrar infracciones de tránsito, como una manera, según explican, de mostrar más "compromiso". Los policías porteños terminan a fin de mes la capacitación de los nuevos teléfonos que deberán portar: no podrán usar sus equipos personales.
El Gobierno ratifica además su posición con el endurecimiento de los controles migratorios, en buena medida por la realización del G20 este año en el país. En el Gobierno hablan de la "restricción al ingreso de delincuentes", una decisión que abre el debate de la política migratoria del país. El caso Chocobar tiene para colmo otro efecto colateral: corre el foco de la discusión hacia la seguridad en semanas en las que Macri había perdido casi 10 puntos de su imagen y después del escándalo vinculado al ministro Jorge Triaca, que provocó una fuerte discusión interna y un costo político para la Casa Rosada.
La reunión entre el jefe de Estado y el policía bonaerense en el despacho presidencial volvió sin embargo a poner sobre el tapete el debate respecto de la independencia de poderes sobre el que Cambiemos aún no termina de dar señales concretas.
Cuando la jueza Patricia López Vergara resolvió acerca del protocolo que debían cumplir los policías de la Ciudad frente a las manifestaciones de fin de año en torno al debate de la Reforma Previsional, el Gobierno porteño analizó en profundidad y amagó las horas posteriores con iniciarle un jury en el Consejo de la Magistratura local. Al final desistió, aunque para ese momento el Presidente ya había criticado a la magistrada en medio de un acto oficial. El encuentro de estos días con Chocobar volvió a reavivar el debate: para algunos sectores, es una intromisión del Poder Ejecutivo en medio de una investigación judicial.
El Gobierno, de todos modos, no se mueve ni un centímetro de su postura. Una encuesta que se movió por los principales despachos de un ministerio nacional ubica a Bullrich entre los cuatro ministros con mejor imagen junto a Peña, Rogelio Frigerio y Guillermo Dietrich, tres de los funcionarios con más exposición. Quinta, aunque con cierta distancia, se posiciona Carolina Stanley. Para la Casa Rosada, la ubicación de la ministra de Seguridad en ese cuaterno es un buen indicio.
