Cristina Kirchner decidió agotar las instancias judiciales y acudirá a la Corte Suprema de Justicia para reclamar por el embargo que el juez Julián Ercolini le trabó por $ 10.000 millones. Fue en el marco de la causa donde la procesó por asociación ilícita y defraudación al Estado por haber favorecido a Lázaro Báez con el direccionamiento de la obra pública. La defensa a cargo de Carlos Beraldi presentará el recurso los primeros días de febrero.
"No sólo es elevado y arbitrario, sino que no guarda proporción con el hecho que se investiga ni la responsabilidad que se atribuye", sostienen desde la defensa de la ex Presidenta respecto al millonario embargo.
El planteo ya fue realizado ante el juez de la causa, ante la Cámara federal porteña y ante la Cámara de Casación, pero al no recibir un triple rechazo, ahora van a la instancia máxima.
Según señalaron desde la defensa de la ex Presidenta, el reclamo sostenido es que la cifra planteada como embargo "no guarda relación con la causa" y reiteraron que Cristina Kirchner no tiene cómo responder a una medida cautelar tan elevada: todos sus bienes fueron cedidos a sus hijos Florencia y Máximo Kirchner.
A comienzos de noviembre, la Cámara de Casación confirmó el embargo por $ 10.000 millones que se trabó en el marco de la investigación por el direccionamiento de la obra pública vial a favor del Grupo Austral: Báez recibió 52 contratos por $ 46.000 millones, pero la mitad de esas obras quedaron inconclusas. El agravante es que cobró todo con un sobreprecio promedio del 65%.
Entre los argumentos principales de los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Hernán Borinsky, se indicó que no existe el "agravio" aducido por la defensa y que no ha y "arbitrariedad" en la confirmación del procesamiento contra Cristina.
Ante esta decisión, la ex Presidenta y actual senadora, volvió a reclamar y en el escrito señaló que el embargo "resulta exorbitante y estamos en presencia de un caso de gravedad institucional".
En el marco de la causa que investiga el direccionamiento en la obra pública, que terminó favoreciendo a Báez con contratos millonarios, el juez Ercolini adoptó otras medidas sobre el patrimonio de los acusados: Ordenó afectar 180 propiedades al embargo que no logró revertir la ex mandataria.
En lo que respecta al patrimonio de Cristina Kirchner, se afectaron 25 propiedades que cedió a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, la participación accionaria de tres empresas: Los Sauces SA (intervenida por la justicia e investigada por lavado de dinero), Hotesur SA (con veedores judiciales e investigada por lavado) y CoMa SA.
Además, tal como contó Clarín, el vehículo de la familia, un Honda CVR dominio IFU 900 pasó a manos de la Agencia de Administración de bienes del Estado (AABE) que dirige Ramón Lanús para otorgarle, al igual que otros 45 vehículos de procesados en esta causa, un fin social.
