Aquella foto de Mauricio Macri, anunciando junto a los jefes sindicales la devolución de los 30 mil millones del fondo de las obras sociales que les había retenido el kirchnerismo, fue hace un año y medio atrás, pero parece de otra década. La relación entre el Gobierno y la CGT cambió demasiado en este tiempo y la frustrada reforma laboral que impulsó el oficialismo terminó por tensarla. Pero la novela en las próximas horas sumará un nuevo capítulo. Es que, en pleno enfrentamiento con algunos líderes gremiales, la Casa Rosada ultima detalles de un plan para quitarles una caja millonaria. Se trata del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), que complementa la financiación de las obras sociales mediante la distribución automática de fondos.
El subsidio, instaurado por Cristina Kirchner, contempla el giro automático de fondos desde el Estado nacional a las obras sociales. Actualmente, según estimaciones oficiales, son unos 950 millones de pesos, que surgen del 5% de lo recaudado en concepto de Aportes y Contribuciones que van al Fondo Solidario de Redistribución, destinado a las obras sociales. La decisión del Gobierno, según confirmaron altas fuentes oficiales a Clarín, es eliminar el SUMA "en un corto plazo", aunque en una primera etapa, que se anunciaría esta semana, sólo avanzaría con el recorte a la mitad. "Es un subsidio que no tiene demasiada justificación. No tiene sentido darles tantos fondos a gremios ricos", indican.
Sucede que la distribución de esos fondos se determina según el tamaño del gremio: el 20% se divide en partes iguales entre las obras sociales con más de 5.000 afiliados. Mientras que el 80 por ciento restante va en forma proporcional al número de afiliados, de manera tal que se asegure que las obras sociales con menos de ese número de beneficiarios reciban un importe promedio. Es decir, además ampara a las más pequeñas. En el Gobierno, no obstante, aclaran que "a las más chicas se las va a seguir asistiendo de otra manera, no se las va a desfinanciar".
De igual manera, la intención oficial es que se fusionen -o al menos compartan recursos- las obras sociales de sindicatos más pequeños, en línea con el mensaje que dio Macri meses atrás, cuando se quejó que "no puede ser que haya más de tres mil sindicatos". También algo deslizó el ministro de Trabajo Jorge Triaca, cuando el año pasado admitió que el Gobierno analizaba "cómo hacer para que funcionen mejor".
En efecto, en el Gobierno sostienen que el plan busca optimizar los recursos en materia de salud en un escenario de urgencia económica. "Se duplicó la cantidad de subsidios de prestaciones de discapacidad y crecieron el costo de algunos tratamientos con amparo judicial y eso afecta los montos que se distribuyen", argumentan. "La prioridad -agregan- es dar respuesta a esos casos".
Pero, más allá de las cuestiones técnicas, tiene varios condimentos políticos. No sólo por el momento en el que el Gobierno decide avanzar con esa caja, sino por el redireccionamiento que le dará a esos fondos: estarán destinados a ampliar la cobertura de jubilados y de monotributistas, adelantaron en Casa Rosada.
También continuaría con la asistencia, aunque no a través de mecanismos automáticos, de las obras sociales de gremios más pequeños.Con todo, en el Gobierno creen que los líderes sindicales más importantes no tendrán argumento contundente para alzar la voz.
Tanto que varios dirigentes gremiales ya fueron anoticiados del plan en el que, bajo la supervisión del vicejefe de Gabinete Gustavo Lopetegui, trabajan el ministro de Salud Adolfo Rubinstein y el superintendente de Servicios de Salud Sandro Taricco.
En simultáneo a esta iniciativa, como publicó Perfil días atrás, en los próximos días comenzarán las auditorías sorpresa a los gremios para estudiar los libros contables y las propiedades. Por instrucción de Triaca, la directora Nacional de Asociaciones Sindicales Karina Palacios confeccionó una lista de 25 sindicatos que serán investigados. ¿Qué les pedirán? Los libros contables, los movimientos de sus cuentas bancarias, los padrones de afiliados y las propiedades inmuebles.
La idea es cruzar esa información, casi como suele hacer la Unidad de Información Financiera cuando detecta operaciones sospechosas, con las bases de datos de AFIP, del Banco Central, la Inspección General de Justicia y los registros de la Propiedad. Descuentan que encontrarán serias inconsistencias.
