Con las escenas de violencia de los últimos días de diciembre aún frescas, y en medio de las vacaciones de buena parte de los dirigentes del oficialismo y de la oposición, el Gobierno resolvió postergar para después de febrero el debate en torno a la reforma laboral, motivado por la falta de consenso en el sindicalismo y en los bloques opositores.
La Casa Rosada evitaría de esta manera discutir la reforma en febrero, en período de sesiones extraordinarias, como se había especulado en un primer momento. Hasta diciembre la idea del Gobierno era impulsar el proyecto cuanto antes, en línea con el paquete de reformas tributaria, fiscal y previsional sancionado a fin del 2017. Las trabas de la oposición y el costo político de las escandalosas sesiones de fin de año en torno a la Reforma Previsional obligaron a posponerla. Aún se desconoce, en ese sentido, si Mauricio Macri intentará avanzar con otros proyectos de ley el próximo mes o si esperará directamente al inicio de las sesiones ordinarias, en marzo.
La postergación del debate por los cambios en el mercado laboral se da en medio de un momento de idas y vueltas entre el Gobierno y un sector del sindicalismo y de pujas internas en torno a la conducción de la CGT, una clara señal de que los tiempos políticos cambiaron tras los incidentes de fin de año frente al Parlamento. A mediados de noviembre, y tras una reunión con la central obrera, el Ministerio de Trabajo sacó un breve comunicado en el que rescató que “luego del trabajo conjunto con cada uno de los sectores”, se había alcanzado “el nivel de consenso necesario para enviar el proyecto de ordenamiento laboral al Congreso de la Nación para su tratamiento en las próximas semanas”.
Ayer, el ministro Jorge Triaca fue uno de los que estuvo en una Casa Rosada semi vacía, junto a Rogelio Frigerio, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, los dos vicejefes de Gabinete.
La preocupación en torno a los cambios laborales había sido además uno de los temas que sobrevoló la reunión que hace dos semanas mantuvieron el ministro del Interior y su vice, Sebastián García de Luca, con un grupo de intendentes del PJ de la provincia de Buenos Aires encabezados por Gustavo Menéndez -titular del partido bonaerense- y el diputado Diego Bossio. El ex director de la ANSES integra el bloque de diputados peronistas que acompañó en buena medida la Reforma Previsional impulsada por el oficialismo, pero que pidió postergar el tratamiento de la laboral. En línea con el bloque del PJ del Senado, que encabeza Miguel Angel Pichetto.
La decisión de la Casa Rosada no disimula además los cortocircuitos de Macri con la familia Moyano, que se opone al proyecto. De manera vehemente, como Pablo Moyano, con algunas complicaciones en el frente judicial. Y con menos vehemencia pero con el mismo espíritu, como el jefe del clan, Hugo Moyano, que festeja su cumpleaños por estas horas.
