Mientras la cámara federal porteña decide si le da la prisión preventiva al empresario K, Pollicita dijo que hizo transferencias accionarias sospechosas.
La Sala I de la Cámara Federal porteña debe decidir en las próximas semana si confirma la decisión del juez Julián Ercolini sobre la prisión preventiva de Cristóbal López y Fabián De Sousa, detenidos y acusados de defraudar al Estado por no pagar a la AFIP $ 8.000 millones que correspondían al impuesto a los combustibles.
El fiscal Gerardo Pollicita, explicó una serie de maniobras que comprueban que los empresarios "intentaron por diferentes medios obstaculizar el desarrollo de la investigación".
Para el fiscal no existen dudas que López y De Sousa "buscaron profundizar el estado de insolvencia de Oil Combustibles SA (la empresa que generó la deuda millonaria con la AFIP) y la incertidumbre sobre la situación patrimonial y financiera del grupo Indalo".
Esto se funda en un escrito de Pollicita que se incorporó al expediente, donde sostiene que López mostró una "cara voluntad de obstruir la justicia" y se verificó un "peligro de fuga" ya que junto a De Sousa, "poseen medios económicos suficientes (dinero, automóviles, embarcaciones, aeronaves), como contactos personales, de negocios y un andamiaje societario con redes en el extranjero" que les permitiría "fugarse".
El fiscal fundó el planteo en varias acciones de los dueños de Indalo. Entre ellas, el traspaso de acciones que intentó realizar López a favor de OP Investments, de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, buscaba "impedir la conservación de la garantía", es decir el valor del Grupo con el que se debe hacer frente a la deuda con la AFIP. Este argumento fue utilizado por Ercolini para sustentar la detención.
Se les rechazó el levantamiento de la inhibición de bienes para realizar la venta, "los imputados no dejaron sin efecto la operatoria en cuestión", pese a la medida del juez.
A esto, Pollicita sumó que los dueños del holding cancelaron "créditos legítimos y exigibles que tenía Oil Combustibles con otras empresas del grupo y sus accionistas, recibiendo en concepto de pago acciones de otras empresas del grupo". Esto fue planteado por la AFIP en su carácter de denunciante y querella en la causa. La operación por $ 2,8 millones, se hizo quince días ante que presenten el concurso preventivo de la firma petrolera.
Por ejemplo: Cristóbal López adeudaba a Oil $391.764.074 y USD 35.727, para cancelar su obligación pagó con acciones de South Media que le pertenecían por un valor de $ 602.177.905, con el dinero restante canceló deudas con otras firmas Inversora M&S y Ganadera Santa Elena.
El paso siguiente, que denunció Pollicita es que ante el juez que tenía el concurso preventivo, López pidió transferir las acciones de las empresas con las que se había pagado la deuda, "a favor de una tercera firma que no se encontraba inhibida, Inversiones Indalo".
Cuando inició la investigación, "los empresarios continuaron con el accionar criminal" y pese a hablar de insolvencia en el Grupo, otorgó préstamos (sin plazo, baja tasa de interés), a compañías del grupo por $989.947.703. "Si recuperan su libertad podrán continuar entorpeciendo el accionar de la justicia", indicó el fiscal.
Además, "incumplieron con el plan de saneamiento" del Banco Finansur que es parte del grupo, "disimularon su verdadero objetivo, y solicitaron desprenderse de activos inhibidos del banco que, en realidad, nunca llegaría porque de seguido sus dueños evitaron integrar al banco los aportes millonarios de capital al que se habían comprometido".
