Con respectó al artículo 6° de la norma, este prevé la “Declaración de Emergencia Económica, Productiva y Social del Departamento San Pedro y Reconversión Productiva del Ingenio La Esperanza”, sancionada y promulgada en junio de 2016.
De esta manera, sobre la acción de inconstitucionalidad, el Dr. Roque Fabián Alderete, representante del SOEAILE, sostuvo que “todo lo relativo a los contratos individuales de trabajo, o más aún, las relaciones laborales, son de incumbencia del órgano de administración, que actúa en el marco del proceso falencial y por tanto sujeto a autoridad del juez de la quiebra y no del Poder Ejecutivo provincial”.
Por tal razón, consideró el abogado, “el artículo mencionado afecta el orden público laboral y consecuentemente la defensa y derecho constitucional, al otorgar al Estado Provincial facultades de disposición de una cantidad indeterminada de empleados del Ingenio La Esperanza afectando a los mismos a cualquier proyecto productivo o de infraestructura, en cualquier lugar de la provincia”, en referencia a la decisión de los despidos.
LA RESOLUCION
Fue decisión unánime del máximo tribunal de justicia provincial rechazar dicha acción, ya que se consideró que la resolución judicial, de fecha 30 de junio de 2016, posterior a la Ley Nº 5929, dictada a pedido del Estado Provincial, ha venido a marcar el alcance concreto del artículo 6º, ya que el Estado no asumió en forma directa función alguna en la continuidad de la explotación, sino que se ha limitado a proponer un órgano de administración, el que ha sido dotado, por el juez de la quiebra, de las respectivas facultades legales.
Por otra parte, el Dr. González, reafirmó que la situación jurídica de los contratos individuales de trabajo de los trabajadores del Ingenio La Esperanza, debe tratarse en el específico marco de las leyes de Concursos y Quiebras, y de Contrato de Trabajo, y demás normas legales y convencionales de esa naturaleza.
De esta manera, consideró que, en el presente caso, nada autoriza al Superior Tribunal a expedirse sobre asuntos que deben ser de conocimiento del juez de la quiebra, o del tribunal laboral competente, por el ejercicio que hicieren los órganos de la quiebra, de las facultades de administración referidas a los contratos individuales de trabajo.














