Están en riesgo más de 300 puestos de trabajo que dependen de la actividad laboral que se desprende del Frigorífico Proyajo. Esto es debido al retraso en la habilitación provincial de la empresa por el escoyo que representa la Secreataría de Calidad Ambiental que depende del Ministerio de Medio Ambiente, a cargo de la Dra, Fernanda Yapur.
Es una historia con ribetes políticos, aprietes, escraches mediáticos, y hasta denuncias por amenazas de muerte. Una serie de inspecciones sorpresa en las instalaciones del frigorífico periqueño levantan sospechas sobre una evidente intencionalidad política persecutoria; aunque hasta ahora, según Samir Quintar, propietario del establecimiento, los resultados de estas inspecciones coinciden con los análisis medioambientales encargados que reflejan que Proyajo no contamina.
Pero entonces, ¿Por qué desde el Gobierno se pone en riesgo a tan significativa cantidad de puestos de trabajo, contrariando el discurso oficial de apoyo irrestricto al sector privado para la generación de empleos genuinos? ¿Por qué a pesar de los resultados de las inspecciones que han constatado, una y otra vez, que Proyajo es una industria limpia, persiste el obstáculo en la Secretaría de Calidad Ambiental y por ello la empresa no puede obtener su habilitación de tráfico provincial?
NOTINOR.COM dialogó en forma exclusiva con el Ingeniero Samir Quintar, propietario del frigorífico, y con los trabajadores afectados sobre la difícil situación que atraviesa una empresa puesta en riesgo por un arbirario capricho de parte de las autoridades.
“El día 20 de octubre presentamos el último pedido de habilitación para tráfico provincial en la Secretaría de Calidad Ambiental, en el Ministerio de Medio Ambiente y en Control Comercial, y no obtuvimos respuesta. Por eso el día de hoy nuestro abogado hizo una presentación y un amparo por mora a efectos de que se defina de una vez por todas la situación”, expuso Samir Quintar.
Fastidiado por una demora en el trámite que arrastra desde el mes de junio, Quintar refirió que todos los meses concurre a la Secretaría de Calidad Ambiental a cursar la misma solicitud para no obtener respuesta alguna. "“No tenemos contestación; nosotros, según la Dra. Yapur, somos una fuente de contaminación”.
Al carecer de la habilitación de tráfico provincial, Proyajo no puede operar y se pone en riesgo a unos 30 empleos directos de la planta, y a otros 300 puestos de trabajo indirectos repartidos entre matarifes, carniceros y transportistas de la carne.
“La gente que trabaja con nosotros es más importante que todo; yo tengo la obligación moral de acompañarlos hasta ya no pueda trabajar más; es gente que está hace veinte años, veinticinco algunos, el que menos está son diez años, y esa gente está esperando jubilarse para irse de acá. Si no nos dan la habilitación esta gente se queda en la calle", advirtió.
"Esto es un capricho político", resumió.
Cruces de denuncias
En un historial de idas y vueltas de denuncias consta una muy particular en la que la Secreataria de Calidad de Ambiental, Fernanda Yapur, señaló tanto el titular de Proyajo, como su hijo, por amenazas de muerte. Dicha denuncia se encuentra bajo investigación de la Justicia.
Por otro lado, Projayo presentó una denuncia respaldada con bastante evidencia acerca del Frigorífico Puna SRL, de la ciudad de Palpalá, que estaría contaminando más de un kilómetro a lo largo del Río Grande, según la presentación. Dicha denuncia no fue investigada y, posteriormente, solo recibieron evasivas como respuesta.
“La Secretaría de Calidad Ambiental, en vez de investigar, nos solicitó que aclarásemos de quiénes se trataban los vecinos que respaldaron la denuncia. Luego nos pidieron que aclarásemos la autenticidad de las fotos, sin querer ir a investigar y tomar medidas, aduciendo que varias fotos remitidas en la denunciua no están firmadas por escribano. Y por último nos señalaron defectos de forma explicando que se había usado un verbo en condicional, y que por tanto no es posible distinguir con claridad la presentación", relató.
Siguiendo en esta línea, describió una conducta de parte de los funcionarios que parece un apriete, "Nos exigieron que ratifiquemos que nosotros dijimos que este frigorífico en cuestión tiene privilegios de impunidad frente a otros mataderos. Lo ratifiqué por escrito, lo ratificó por la prensa ahora. No pueden seguir funcionando en las condiciones que lo están haciendo”, expresó.
Y mientras Quintar es sometido con pormenores burocráticos, "hay un hecho concreto; debe haber más de cien toneladas de huesos, cabezas y desechos de animales a las orillas del Río Grande", que las autoridades no investigan.
Finalizando, el titular de la empresa frigorífica aseguró, “si tenemos que ir a la justicia nacional, con la colaboración del Cámara de Comercio, lo vamos a hacer; y si tenemos que ir al gobierno nacional lo haremos”.
Resulta contradictorio el discurso gubernamental de defensa de la empresa local, apoyo y fomento a los emprendedores, y apuesta a la generación de empleo genuino, cuando en los hechos por un lado se ponen obstáculos a la formalización de una empresa que es modelo nacional en su rubro, y por el otro se frena el trabajo de una empresa que genera mas de 300 puestos de trabajo indirectos.
El proceso de compostaje que se realiza en la zona consta de un procedimiento que no solo ha dado beneficios, sino que se ha replicado en la ciudad de Cordoba donde en la actualidad tres frigoríficos trabajan bajo los microorganismo eficientes y el humus de lombriz que hoy se utiliza en el norte de la provincia para mejorar el cultivo.
También resulta paradójico que en otro de los discursos del gobierno se pontifique sobre la transparencia y la justicia cuando no se investigan las denuncias de los ciudadanos en torno a la contaminación.
Y a todo esto se suma al hecho de que en los papeles y en los resultados de las innumerables inspecciones de que fue objeto Proyajo, se ha comprobado una y otra vez que el frigorífico no contamina.
