La normativa, que todavía no está aprobada, busca impedir que teléfonos robados en otros países se vendan en la Argentina.
Si el plan del Gobierno llega a buen puerto, el año próximo entrará en vigencia un sistema que extenderá la lista negra de teléfonos robados en nuestro país (que impide su uso, y que funciona desde 2016) a otros que hayan sido denunciados en otros países. Y podría sumar una lista blanca de teléfonos nacionales, que bloquearía los que no estén declarados al momento de ingresar a la Argentina.
La medida en análisis es una extensión de la lista negra que ya funciona de equipos robados en nuestro país desde mediados del año pasado, y que bloquea el uso en la Argentina de un teléfono que fue denunciado como robado, en base a una lista de IMEI (el número de serie único de cada teléfono) compartida por las operadoras. Ahora se enriquecerá con los aportes de los fabricantes y las operadoras de otros países. La intención es impedir que equipos que fueron denunciados como robados en otro país, tanto en un robo casual como en un desfalco más grande (un cargamento) sean vendidos o usados en la Argentina.
Una lista blanca de IMEI, en discusión
El plan fue adelantado por Clarín hace unos días, que afirma que además de la lista negra, el Gobierno estudia pedir una factura de compra al momento de querer usar un teléfono extranjero en la Argentina, una mecánica similar a la que implementó Chile este año y que crea una lista blanca de equipos autorizados. Toma como base a los IMEI de los teléfonos fabricados en Tierra del Fuego y de los importados en forma oficial; si alguien (un individuo o una empresa) quieren ingresar un equipo extranjero al país, deberá validar ese IMEI al entrar. La medida en estudio no será retroactiva a los teléfonos en uso hoy; y es una forma de combatir el contrabando a gran escala.
Que esto está en análisis lo confirmó hoy al mediodía el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones, Miguel de Godoy, en una entrevista con TN; aunque más tarde lo relativizó como una propuesta que se está barajando en el sector, y que por ahora sólo es una idea en análisis. "Estamos trabajando en un proyecto superador al de las listas blancas, que no funcionaron exitosamente en todos los países", afirmó por la tarde. Por su parte, el Secretario de Comercio, Miguel Braun, declaró más tarde que "lo único que hay por ahora son inspecciones para evitar el contrabando en comercios. De ninguna manera se va a avanzar en bloquear otros celulares."
Lista negra, lo único en concreto
Así, la única medida que avanza en concreto, dicen en el Gobierno, afecta sólo a los equipos identificados como robados, y al cruce de las bases de datos de equipos que fueron identificados como tales, que ahora sería compartida por varios países. Y permite que los fabricantes de teléfonos denuncien bloques de IMEIs (por ejemplo, ante el hurto de un container de teléfonos). Es decir, no depende de la declaración de un usuario, sino que permite que sean las marcas las que aporten datos ante la sustracción masiva de equipos.
Desde el Enacom le explicaron a LA NACION que la medida de las listas negras busca "no complicarle la vida al comprador de buena fe", pero sí apunta a neutralizar el ingreso de celulares de contrabando, que hoy ronda los 3 millones de equipos anuales, contra los algo más de 10 millones que salieron de Tierra del Fuego, según datos de la Cámara de Agentes de Telecomunicaciones Móviles de la Argentina (Catema).
En 2014 eran 1,5 millones los teléfonos que entraban al país en forma ilegal; el número se duplicó desde entonces, ya representa un cuarto del mercado nacional y obedece a una realidad: el precio local de los teléfonos (y de la electrónica en general) hacen que el contrabando se transforme en una opción muy rentable para quienes quieran asumir el riesgo.
No se trata, en este caso, de perseguir a quienes viajan a Miami, Santiago de Chile o Paraguay y traen un teléfono sin declararlo (aunque en el caso del iPhone, por ejemplo, ronda los 300 mil equipos al año, según cálculos del consultor en telecomunicaciones Enrique Carrier), sino de frenar el crimen organizado, que ingresa contenedores de equipos sin control aduanero y (clave para el negocio) sin pagar más de 3000 millones de pesos en impuestos, según estimaciones de la Asociación de Fabricantes Argentinos de Terminales Electrónicas (Afarte). Muchos de esos equipos que se venden en "cuevas" a precios muy tentadores son robados; la lista negra extendida neutralizaría su venta, sin frenar del todo el contrabando, que involucra cargamentos comprados en el exterior e ingresados sin pasar por la Aduana.
Para los fabricantes de Tierra del Fuego es imposible competir por precio con el contrabando: al costo menor que implica traer el equipo de China ya terminado se le suma que el no pago de impuestos. Para las operadoras y las marcas, además, es un dolor de cabeza. Deben darle soporte a equipos de procedencia ignota, de modelos que a veces no se venden en el país (y no tienen repuestos) y que son competencia interna: porque son teléfonos originales, pero comprados en forma directa a China. Es decir, para la marca se registra como una venta, pero no en la filial local.
Una manera de frenar el contrabando está en la rebaja de los impuestos internos para los celulares acordada en los últimos tiempos: la lógica que se sigue es que si baja el precio del equipo (de Tierra del Fuego o ingresado en forma legal) pierde atractivo el de contrabando. Igual será en forma gradual durante el próximo lustro; pero el precio en pesos de los equipos hechos en Tierra del Fuego ya está bajando.
