De la ceremonia de apertura participaron, la Presidente del Superior Tribunal de Justicia, doctora Clara Aurora de Falcone; el Coordinador de Jueces de Paz, Víctor Amado; la Secretaria de Pueblos Indígenas, Natalia Sarapura; el disertante principal de la jornada, doctor Pablo Macaron y Jueces de Paz de toda la provincia.
“Me han invitado del poder judicial para realizar una disertación y la presentación de mi libro que se llama “Derecho de propiedad indígena” señaló Macaron.
En el mismo se define toda la problemática de los pueblos originarios en el reclamo de sus tierras ancestrales así como también el procedimiento para que se cumplan la regularización de los títulos de propiedad indígena.
En apretadas síntesis el procedimiento consiste en que se debe en primer lugar identificar la superficie que ocupan los pueblos originarios, luego proceder a la demarcación de esa superficie y en una etapa número tres, regularizar los títulos de propiedad.
“Si las tierras son de titularidad fiscal, es decir del estado, el estado debe proceder a titularizar o escriturar a favor de los pueblos originarios” indicó el disertante Pablo Macaron.
Por su parte, la Secretaria de Pueblos Indígenas, Natalia Sarapura, explicó que esta acción está integrada a un programa de promoción y sensibilización del derecho indígena.
“Este año hemos hecho más de 40 talleres con funcionarios públicos, funcionarios judiciales y de la policía de la provincia y en este marco vamos a hacer una capacitación para los jueces de paz” reveló la Secretaria.
Los jueces de paz son los auxiliares de justicia que están en todo el territorio de la provincia y son los que más cerca están a las problemáticas de las comunidades indígenas.
La propiedad comunitaria, que ha sido consagrada en la Constitución Nacional y ha sido incorporada en el Código Civil, está siendo hoy abordada por una serie de juristas indígenas.
Es por esto la necesidad de generar mayores insumos para que se dimensione y se proyecte el alcance de la propiedad comunitaria de la tierra.
“Es un logro jurídico pero es un desafío institucional tanto para las comunidades de gestionarla y administrarla como para el estado de garantizar el respeto por esa propiedad comunitaria” concluyó Sarapura
