Mientras se debate entre hipótesis y reparte acusaciones y sospechas, el Gobierno reaccionó a la muerte de Alberto Nisman con una propuesta para reformar los servicios de inteligencia, por estos días centro de atención por su accionar en la causa AMIA. Cristina Kirchner lo hizo saber el lunes por cadena nacional, cuando adelantó que en los próximos días enviará un proyecto de ley al Congreso.
Entre las modificaciones que mencionó la Presidente, una de las que más resistencias ha despertado hasta el momento es la de transferir "la totalidad del sistema judicial de escuchas al Ministerio Público Fiscal, ya que es el único ministerio extrapoder", según sus palabras. La oposición no tardó en reprobar la medida observando la parcialidad que ha demostrado la procuradora general, Alejandra Gils Carbó; a esa crítica, expertos en derecho añadieron ahora que significaría incompatibilidades en las tareas asignadas a los fiscales.
Sobre este punto, el abogado Gabriel Iezzi remarcó la importancia de "garantizar transparencia en materio de lo que es escucha judicial" y por eso rechazó la posibilidad de que ese sistema esté en manos de la Procuración General.
"Desde el punto de vista procesal, surgirían cuestionamientos porque el fiscal no tiene la misma posición que la defensa", explicó. En ese sentido, apuntó que, a través de la Procuración, la fiscalía "estaría conociendo los resultados de las escuchas sin poder la defensa controlarlo en tiempo y forma".
En diálogo con Infobae, Iezzi observó, además, que "podríamos presumir qué pasaría si alguien capta en una escucha algo que no conviene".
Por esos motivos, el especialista se mostró a favor de que las escuchas queden bajo el control de la Corte Suprema, posiblemente con la creación de una oficina especial. "Saludable sería que esto lo haga la Corte Suprema y les dé intervención a los jueces de garantía", dijo.
La misma posición expresó el ex presidente del Colegio de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo. En declaraciones a este medio, destacó la reformulación y democratización de la Secretaría de Iinteligencia, pero advirtió que "la OJOTA (sistema de observaciones judiciales) debe quedar en cabeza de la Corte Suprema de Justicia".
"Si el Gobierno atiende este reclamo de que pasen a depender de la Corte Suprema de Justicia y entiende las razones, será una intención loable. Si prefiere que pasen a la órbita de la Procuración General, será otro capricho del Gobierno que seguirá buscando mantener el monopolio de todo lo que tiene que ver con la intercepción de comunicaciones", dijo.
Rizzo indicó que a los jueces "les corresponde velar por que se respeten las garantías constitucionales de las personas que van a ser escuchadas". Y remarcó que por otro lado, el control de la Corte sobre ese material serviría para certificar que, "cuando las escuchas no sean utilizadas, no sean almacenadas en bancos de datos que no sabemos dónde están ni para qué se usan y sean efectivamente destruidas, como corresponden".
Otro especialista que expresó reparos sobre esta iniciativa fue Guillermo Montenegro, quien se desempeñara como fiscal y juez antes de asumir el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad. "No tengo ninguna duda de que Gils Carbó va a tener intervención en las escuchas judiciales", indicó el funcionario en una entrevista con la radio La Once Diez.
Otro de los puntos cuestionados del proyecto de ley es al período de mandato que tendrán los jefes de la nueva Agencia de Inteligencia. El proyecto prevé que el oficialismo designará con acuerdo del Senado al director y al subdirector de la nueva Agencia, quienes tendrán un período de cuatro años. Para la oposición, el objetivo es "condicionar al próximo gobierno".
Al respecto, el abogado Carlos Alberto Beraldi opinó que "la permanencia de un director en un área de estas características tiene que tener un término mínimo y razonable para que los planes que se tienen que ejecutar se lleven a la práctica".
Sin embargo, el profesor de derecho penal y procesal penal advirtió sobre el momento electoral en que se pretende realizar la reforma de la ex SIDE. "Es cierto que estamos ante un período de cambio de gobierno, por lo que esta cuestión tiene que ser analizada con seriedad".
"Un jefe tiene que estar un tiempo necesario en su cargo, pero si se va a designar un primer director y este va a sobrepasar los términos del gobierno actual, la designación debería hacerse por consenso político con las demás fuerzas para que sea un inicio positivo y no que desde el comienzo tengamos problemas", enfatizó.
Más allá de las banderías partidarias, Beraldi advirtió que "si no se hace de esta manera, se corre riesgo de que las mejoras propuestas se terminen frustrando".
