Para ello, invitado por el Gobierno de la Provincia, Unicef y la Fundación IPNA, participó el licenciado Hugo Fiamberti reconocido profesional, responsable del Programa de Participación Ciudadana de la Fundación Par, integrante de la Comisión de Discapacidad de la Universidad Nacional de General Sarmiento, docente de la Especialización en Gestión de Servicios para la Discapacidad en el Instituto Universitario de Salud, y miembro de la red de investigadores del Inadi.
El encuentro en Capital fue el cierre de una semana de capacitación iniciada en la Quebrada con intervención de familiares, instituciones municipales y el tercer sector comprometido con la mejora y la calidad de vida de las personas con discapacidad.
En esta oportunidad, el profesional se centró en la Convención Internacional, legislación vigente y nuevo Código Civil ¿Cómo impactan los nuevos recursos que fomentan la inclusión en la vida cotidiana de las personas con discapacidad?
Fiamberti dijo que “venimos a hacer un repaso sobre el impacto que están teniendo distintos recursos, especialmente legales que hemos tenido en estos últimos años en la vida de las personas con discapacidad y puntalmente tomando como marco la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad que es del 2008 y que se viene trabajando desde esa fecha”.
Un aspecto que tomó fue “el Código Civil y Comercial que rige en nuestro país y en lo que refiere a la capacidad jurídica de las personas, a las declaraciones de insanía, a todo el nuevo esquema que no es más ni menos que las personas con discapacidad que están en esa situación tienen derecho a ejercer su derecho, es decir la cuestión de los tutores, curadores, históricamente a las personas les han quitado sus derechos porque otros decidían por él. El nuevo código coloca a la persona con discapacidad como protagonista que debe tomar sus propias decisiones, reconociendo que las personas que tienen dificultades tienen por mandato de la Convención la figura de apoyo”.
Señaló que la legislación internacional ratificada por nuestro país en mayo de 2008 por ley 26.378, promueve un modelo social de la discapacidad que considera a la persona con su integridad física y moral como sujeto pleno de derechos y vinculándola con su entorno familia, barrial y social.
Los principios generales que establece la Convención Internacional es la autonomía individual, independencia, la no discriminación, participación y plena inclusión, respecto por la diferencia y la diversidad, igualdad de oportunidades, accesibilidad, igualdad entre el hombre y la mujer y el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad.
En tanto, Belén García Goyena, directora de Inclusión de Personas con Discapacidad, dijo que fue una “semana intensa de trabajo que culmina con la capacitación sobre las legislaciones vigentes. Estuvimos trabajando con operadores y los equipos técnicos de los Centros de Cuidados y de los Hogares pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Humano como en Tilcara brindando talleres a todas instituciones interesadas”.
La funcionaria dijo que a pesar de las leyes vigentes sobre los derechos de las personas con discapacidad todavía la gente tiene un profundo desconocimiento y mala información, por eso consideró importante el trabajo del Gobierno de la provincia junto a Unicef y la Fundación IPNA “en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad con sus familiares, informándoles cuáles son beneficios y sus derechos”, que según adelantó continuará durante el presente año hasta completar todas las regiones, completó.
