De un plumazo y sin que medien las evaluaciones pertinentes, la procuradora General, Alejandra Gils Carbó, designó en las últimas horas hábiles de 2014 a 16 fiscales subrogantes en puestos creados a partir de la sanción del nuevo Código Procesal Penal.
El movimiento generó una enorme resistencia en el ámbito judicial y en la oposición. Motivó, incluso, una serie de presentaciones legales: hubo tres denuncias específicas contra la funcionaria -una de las cuales comenzó a ser analizada hoy por el juez Rodolfo Canicoba Corral- y una solicitud para frenar los nombramientos a través de un amparo. Ese último recurso fue impulsado por la Asociación de Magistrados. Hoy la Asociación Argentina de Fiscales adelantó que buscará adherirse en calidad de "amicus curiae".
En el escrito que llevarán mañana a la Justicia (con la firma del presidente de la asociación, el Fiscal General Adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, Luis Cevasco, y el fiscal de Morón y vicepresidente primero, Marcelo Varona Quintian) sostiene que el objeto del amparo "tiende a preservar la autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal, al cuestionar de manera fundamentada los movimientos injustificados de fiscales respecto de sus competencias legales, para destinarlos a ámbitos funcionales correspondientes a otros colegas y en cargos inexistentes, promovidos por la Procuración General de la Nación, lo cual pone objetivamente en crisis la autonomía funcional y libertad de gestión de los magistrados".
El documento objeta tanto el procedimiento con el que se llevó a cabo las designaciones, así como los traslados de fiscales que ordenó Gils Carbó, que a los ojos de sus detractores esconden un mensaje político para quienes no responden a sus intereses.
"Lo grave de la modalidad adoptada en las resoluciones cuestionadas, es que los fiscales designados de ese modo, como subrogantes o interinos, también pueden ser removidos por la misma vía, con lo cual también se ponen en serio riesgo las normas tendientes a garantizar la independencia funcional", advirtió. Y agregó: "La precariedad en la asignación de funciones a los fiscales en detrimento de sus garantías funcionales de estabilidad e independencia, puede derivar en manejos que tiendan a garantizar impunidad tanto como a fomentar persecuciones judiciales injustas".
