El presidente de Bolivia, Evo Morales, abrió hoy las puertas a una posible reforma constitucional para enfrentar la crisis de la Justicia en su país, que no pudo ser superada con la elección por voto popular de las máximas autoridades judiciales.
Al inaugurar las actividades de esta gestión de la Fiscalía General del Estado, Morales lamentó que la Justicia boliviana esté "peor" que antes y opinó que "ya es extemporáneo" intentar que la "revolución" que pretendía impulsar en ese órgano sea promovida por los mismos operadores judiciales.
"Yo me voy a quejar al pueblo y que el pueblo defina mediante un referendo una profunda revolución dentro de la Justicia boliviana. Si hay que hacer una reforma de la Constitución, hay que hacerla mediante un referendo", indicó Morales.
Agregó que se reunirá con algunos expertos en temas judiciales para elaborar las preguntas que serán incluidas en la consulta popular -cuya fecha aún no ha sido definida- porque, según dijo, "la Justicia no puede seguir perjudicándonos".
El gobierno boliviano y otros organismos reconocieron en varias ocasiones el año pasado que existe una profunda crisis en la Justicia de este país, provocada por la lentitud en los procesos, la corrupción, las dificultades de acceso de la población al sistema judicial y la presión política sobre jueces y magistrados.
En 2011, Bolivia tuvo por primera vez una elección por voto popular de 56 magistrados de los principales cuatro tribunales del órgano judicial, en medio de críticas de la oposición porque los candidatos fueron preseleccionados en el Parlamento, controlado por el partido de Morales. En aquellos comicios judiciales, los votos nulos y en blanco sumaron en torno al 60% y los válidos, el 40 por ciento.
Hace un año se reavivó la polémica sobre la persistente crisis en el sistema judicial boliviano debido a una serie de dimisiones de altos cargos en ese órgano y destituciones de fiscales por supuesta corrupción.
Paralelamente, el Parlamento suspendió e inició un juicio a tres magistrados del Tribunal Constitucional acusándolos de supuesta prevaricación por suspender la aplicación de una ley con una resolución preliminar y sin emitir una sentencia al respecto.
Según el Gobierno, aquella acción creó un precedente que podía afectar la seguridad jurídica y económica del país, pero para la oposición, se trata de una maniobra para colocar en lugar de los magistrados suspendidos a otros que en el futuro respalden la posibilidad de habilitar a Morales para una reelección indefinida.
El mandatario aseguró que "tenía mucha confianza" en que las autoridades elegidas en 2011 "prestaran servicio al pueblo". "Sin embargo, hasta ahora no se ha cambiado nada, más bien, de acuerdo a los datos que tenemos, se ha empeorado la Justicia en Bolivia", indicó.
El gobernante insistió en que "es muy tarde" para pedir que el cambio ocurra desde la misma Justicia, por lo que apelará "al pueblo boliviano" con "preguntas concretas" que indiquen qué tipo de sanciones se deberán aplicar "a quienes no cumplan con sus deberes" en el órgano judicial.
