Garavano explicó que el juicio político para la remoción de Gils Carbó "es una ley de algún modo inconstitucional, que asigna procesos de remoción que no están previstos constitucionalmente. En el caso del juicio político para la Procuradora se pudo haber incluido eso en la reforma constitucional y no se hizo".
Más allá de eso, agregó, "está en manos del Congreso, tanto el juicio político como la Comisión Bicameral de Seguimiento, como la posibilidad de modificar la ley de Ministerio Público que para nosotros sigue siendo muy importante para poder avanzar en una reforma del sistema de Justicia Penal. Yo creo que eso no es una debilidad sino una fortaleza del Gobierno el hecho de que se respeten las instituciones más allá de las críticas profundas que tenemos hacia la Procuradora”.
Por otra parte dijo que “apretar jueces fue una política del Gobierno anterior que se verificó en numerosas situaciones”.
Expresó que los términos “apretar jueces” –que se oye en una escucha a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner- es “bastante clara y no hay mucho que interpretar” y reafirmó que fue una política del kirchnerismo “que se verificó en numerosas situaciones, incluso en proyectos de ley y distintas acciones. Claramente ese no es el camino para un mejor país ni para una mejor justicia”.
Para el gobierno del presidente Mauricio Macri “no hemos hecho ni ataques ni referencias a ninguno de los magistrados, ya sean jueces o fiscales”, afirmó.
Consultado sobre las denuncias de la ex Presidenta sobre persecución política, Garavano respondió: “Eso no es así, hay una sobreactuación para tratar que la discusión sea netamente política”, incluso –dijo- todas estas filtraciones de viejas escuchas que llevan a discutir generalidades.
Garavano advirtió luego que la Justicia “tiene problemas estructurales y tiene problemas para investigar los hechos de corrupción. El Gobierno siempre ha señalado la necesidad de que los casos judiciales se eleven a juicio, me parece que el desafío del sistema judicial es elevar los casos a juicio para que en juicio oral el fiscal demuestre la responsabilidad de los funcionarios o en definitiva queden absueltos en relación a los hechos sobre los cuales se los investigó. Esa es la gran deuda pendiente de la Justicia”, afirmó.
Sobre la detención de Milagro Sala, líder de la Tupac Amaru, en Jujuy, que ya lleva más de un año, el ministro de Justicia aclaró que “es un caso de una justicia provincial, obviamente el Gobierno no tiene injerencia ni en la justicia nacional ni en la justicia provincial. De todas formas el caso hoy ya ingresó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es ella la que ahora resolverá sobre la detención o no de Milagro Sala o la posible morigeración de la prisión preventiva; son las distintas alternativas que tiene la Corte para abordar”.
