El sobrepeso y la obesidad son graves problemas para la salud pública y los niños, niñas y adolescentes son quienes se ven más afectados. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que existen alrededor de 42 millones de niños y niñas con sobrepeso, de los cuales más del 80% viven en países en desarrollo. Argentina no escapa a esta realidad: la Encuesta Mundial de Salud Escolar, realizada en 2012, estimó que el exceso de peso en adolescentes entre 13 y 15 años fue de 28,6% (sobrepeso 22,7% y obesidad 5,9%).
Esta epidemia afecta en mayor medida a los sectores de menores recursos. En nuestro país, los adolescentes de nivel socioeconómico más bajo tienen un 31% más de probabilidades de sobrepeso respecto a los adolescentes del nivel socioeconómico más alto, según una investigación que realizamos en FIC Argentina junto a UNICEF Argentina.
Esta problemática, que se ha agudizado en los últimos años, obedece principalmente a factores socio-ambientales y culturales, a patrones de consumo y al advenimiento de nuevos estilos de vida. Estos factores contribuyen a la construcción de un "entorno obesogénico", es decir, un ambiente que promueve la obesidad en las poblaciones.
Una de las preocupaciones centrales que genera este entorno es que se caracteriza por un consumo elevado de alimentos altos en grasas, sal y azúcar como, por ejemplo, las bebidas azucaradas que representan actualmente una de las principales fuentes de consumo de azúcar agregada. En este sentido, existe evidencia científica suficiente que demuestra que la disminución del consumo de bebidas azucaradas reduce la prevalencia de obesidad y de las enfermedades metabólicas relacionadas con ella. En Argentina, el consumo de azúcar agregada estimado es alrededor del triple del máximo recomendado: se consumen aproximadamente 35 cucharaditas diarias, que equivale a 150gr, mientras que la OMS recomienda un tope de 50gr diarios.
Otro de los factores centrales que influye en el crecimiento del sobrepeso y la obesidad infantil es el marketing de alimentos de baja calidad nutricional. La mayoría de los productos que se publicitan en los medios de comunicación suelen ser ultraprocesados de escaso valor nutritivo. Según un estudio que concluimos en 2016, casi 9 de cada 10 productos que se publicitan en los canales infantiles de cable y durante los programas de TV abierta dirigidos a ese segmento, son comida chatarra.
Esto refleja que los niños y las niñas se han convertido en un objetivo importante para las empresas de alimentos: son clientes en sí mismos, influyen en la compra de sus padres y cuidadores y, a su vez, son el futuro mercado adulto. Es por eso que la protección de los niños y niñas frente a la publicidad engañosa de alimentos en todos los medios de comunicación es una herramienta indispensable para proteger su derecho a la salud y a recibir información adecuada.
El entorno escolar también es un punto muy importante a considerar: los niños, niñas y adolescentes pasan gran parte de su vida en la escuela lo que convierte a este ámbito en un espacio ideal para promover la incorporación de hábitos saludables. Sin embargo, actualmente las escuelas ofrecen alimentos con altos contenidos de azúcar, grasas y sal y pocas cuentan con acceso a agua potable gratuita. Según la Encuesta Mundial de Salud Escolar 2012, 8 de cada 10 escuelas ofrecen bebidas azucaradas y solo 1 de cada 4 ofrece frutas y verduras en los kioscos.
Frente a este panorama, es necesario avanzar con una regulación clara y basada en evidencia científica que busque desalentar el consumo de alimentos y bebidas de bajo valor nutricional y que promueva el consumo de alimentos saludables. En Argentina aún no existe una normativa integral para la prevención de la obesidad con foco en la malnutrición y el sedentarismo. Una política de esta índole debería focalizarse en mejorar el entorno escolar, en restringir la exposición al marketing de alimentos de baja calidad nutricional, a garantizar la obligatoriedad de información clara y precisa en los envases de alimentos de modo que los consumidores puedan hacer elecciones saludables (donde se especifique el contenido de azúcar, por ejemplo) y promover medidas fiscales que restrinjan el acceso a alimentos de mala calidad nutricional y mejoren el acceso a alimentos saludables, entre otras. Además, estas medidas de salud pública, deben ir acompañadas de una mirada crítica y clara del conflicto de interés por parte del Estado que, tal como lo reconoce la OMS, debe evitar la influencia indebida de los intereses comerciales de las industrias de alimentos, que muchas veces son contrarios a los objetivos de salud pública.
