"Sacar un juicio del sistema es una irregularidad grave, porque los juicios sólo pueden ser borrados si hubo un error en la carga y, si están terminados, deben pasan al archivo histórico", explicó Balbín.
"En estos casos hay indicios fuertes de que el borrado era para evadir los controles", expresó el funcionario de la Procuraduría al portal Infobae.
Balbín contó que decidió auditar el sistema donde son cargados los juicios contra el Estado y que la decisión la tomó luego de detectar que varios registros fueron borrados para ocultarlos como pruebas del direccionamiento de la ex presidenta hacia el empresario de la construcción hoy detenido.
Fueron 1345 los archivos quitados del Sigej, y se detectaron luego de varios meses de auditorías en las que participaron también la Dirección Nacional de Auditoria de la Procuración y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, la SIGEN, además de la Auditoría General de la Nación (AGN).
Balbín denunció estas maniobras en la Justicia Federal y destaca el caso de la causa "NECON S.A. c/ ESTADO NACIONAL – DNV- RESOL 777/01 S/ PROCESO DE CONOCIMIENTO", donde el Estado giró 40 millones de pesos a pesar de que la Justicia nunca homologó el acuerdo.
