Dos temas cruciales dominarán la agenda política y económica de 2017: el crecimiento de la economía y las elecciones legislativas. En las dos cuestiones se juega la suerte del proyecto político de la fuerza gobernante y, como contracara, el papel que tendrá la oposición. Para tener un resultado favorable en las urnas, el Gobierno apostará todas sus fichas a que la economía salga de la recesión.
En el caso del campo, las políticas oficiales se cruzarán con el mapa electoral. En el Gobierno tienen en claro que, fuera de los grandes centros urbanos, en la franja central del país la situación económica promedio tiene signos de vitalidad. “En el interior no se siente tanto la recesión económica como en las grandes ciudades”, explica el economista de la Fundación FADA, David Miazzo. Allí, donde Cambiemos obtuvo las mayores diferencias en votos en las elecciones presidenciales de 2015 respecto sus competidores, el efecto de la rebaja de retenciones, la eliminación de los cupos a la exportación y la devaluación del peso provocó un efecto económico visible. En el norte y en el sur del país, donde el oficialismo tiene menos votos, la situación no es la misma porque varias economías regionales no han salido de su estado de crisis.
En el Ministerio de Agroindustria esperan que en los primeros días de enero se pueda anunciar un nuevo esquema de reintegros a la exportación que favorecerá a las economías regionales. El criterio es que aquellos productos que tengan mayor grado de elaboración perciban reintegros más altos que los menos elaborados. “Son 2700 posiciones arancelarias, el esquema lo está analizando el área legal del Gobierno”, explicó un funcionario de Paseo Colón. El otro objetivo de los reintegros es devolver competitividad a los sectores a los cuales la devaluación y la eliminación de retenciones (5%, en su mayoría) no les fue suficiente para levantar la cabeza.
En octubre pasado, cuando el Gobierno anunció que no podría cumplir con su promesa electoral de bajar 5% las retenciones a la soja por año, dijo que comprometería fondos por 6100 millones de pesos para tres ítems: combatir enfermedades que traban el ingreso a los mercados, capital de trabajo y financiamiento y reintegros. A eso se le suman otros 1000 millones por devolución de 5% de retenciones a la soja en las provincias del NOA y el NEA.
El impacto positivo que puede tener el crecimiento de las economías regionales se vio esta semana con el anuncio del Servicio de Inspección de Plantas y Animales (Aphis, en sus siglas en inglés) de Estados Unidos de la aprobación de importaciones de limón en fresco del noroeste argentino. Como explicó Carolina Saleme, de la citrícola Veracruz, en la crónica de la nacion de anteayer: con la reapertura del mercado norteamericano se proyecta “un incremento del 15% en la exportación de limón fresco, lo que representará la incorporación de mano de obra calificada, mejoras en las plantas de procesamiento e inversiones en los empaques”. En otras palabras, la recuperación de las economías regionales significa creación de empleo y empleo se traduce en votos. Aunque es difícil de resolver, la ecuación es ésa.
Y es difícil de resolver porque hay otros problemas estructurales que llevarán mucho más tiempo para ser corregidos. Uno de ellos es el flete. “Llevar un contenedor de frutas desde los puertos españoles hasta San Pablo cuesta 350 dólares, pero desde Río Negro sale US$ 1800”, dice el economista de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Ernesto Ambrosetti.
Además de los costos, hay otras amenazas en ciernes. Una de ellas es la sanitaria. Los citricultores vienen advirtiendo sobre el riesgo de la expansión de la Huanglongbing (HLB), la enfermedad más dañina para los cítricos para la que no hay cura. La Asociación Fitosanitaria del NOA (Afinoa) declaró la alerta para evitar que ingrese en el país fruta de origen desconocido en el momento en el que cientos de miles de argentinos pasarán sus vacaciones en Brasil. La enfermedad ya se detectó en Misiones y Corrientes y podría ser letal para la citricultura si se expande.
Además de los problemas logísticos y sanitarios están los impositivos. Los gobiernos provinciales y municipales sostienen una carga impositiva elevada con tributos como ingresos brutos o tasas de diversa índole. Lo curioso, tal como se vio en el debate por la rebaja de Ganancias, es que la dirigencia política defiende con uñas y dientes el concepto de “costo fiscal” cada vez que se propone la reducción de un impuesto, como si el Estado no tuviera gastos para reducir.
