El Gobierno busca garantizar que el debate por la baja de la imputabilidad no se empantane. Al menos en la etapa de la elaboración del proyecto fuera del Congreso que comenzará los primeros días de febrero. Por eso, en la Casa Rosada descartan convocar a políticos o referentes con “posturas extremas”. Y el ex juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Raúl Zaffaroni está en ese listado de “vetados”.
Así lo confesó ayer el subsecretario de Política Criminal Martín Casares, quien confirmó que “se descarta llamar a Zaffaroni” en la convocatoria a la comisión que hará oficial el Gobierno en los próximos días. “No vamos a sumar posturas extremas, porque la idea es llegar a una ley superadora, con mucho consenso”, explicó a Clarín. Aunque nadie se anima a decirlo en público, la frase que resuena en Justicia para graficar la estrategia es “ni abolicionistas ni mano dura”.
“La idea -agregó el funcionario del riñón del ministro de Justicia Germán Garavano- es que todas las posiciones doctrinarias estén representadas, pero que no sean dirigentes partidarios”. En ese sentido, puntualizó que el ex juez de la Corte “está muy identificado politicamente con el Gobierno anterior”.
Lo curioso es que Zaffaroni fue uno de los que, aún siendo un referente de los sectores más garantistas, pidió en 2009, ya como juez de la Corte Suprema, “poner la situación acorde con la Constitución y juzgar a los menores desde los 14 años”. Precisamente, en línea con la idea que impulsa el Gobierno y que ayer confirmó Garavano, que reveló que una de las alternativas que se barajan es que “de 14 a 16 años sea el fiscal el que deba demostrar que el joven comprendía la criminalidad del acto; y que de 16 a 18 sea la defensa”.
La mesa de discusión, que estará presidida por un integrante del Ministerio de Justicia, tampoco tendrá presencia política partidaria. “El Gobierno anterior propuso una mesa de politicos y no funcionó. La idea es lograr consenso de especialistas y que luego se termine de decidir en el Congreso, donde los partidos tienen su representación”, justificaron desde Justicia.
De todos modos, en Justicia aseguran que la comisión técnica, que estará integrada por jueces, fiscales, defensores oficiales, especialistas, ONGs y representantes de los ministerios de Seguridad, Desarrollo Social y Educación y de la Sedronar; tendrá en cuenta los proyectos que se presentaron en los últimos años tanto en Diputados como en el Senado, donde una iniciativa similar logró media sanción en 2009, aunque luego se diluyó por falta de consenso en la Cámara baja.
También se analizarán allí las conclusiones que el Gobierno recabó el año pasado en diversas jornadas de debate que organizó el Ministerio de Justicia, donde confluyeron representantes del Poder Judicial y de procuradurías de todas las provincias.
¿Cuándo saldrá la convocatoria? Estiman que será la próxima semana o “a más tardar en la segunda quincena de enero” para que “ya comience a trabajar en febrero”. Lo que no está definido es si será el Presidente el que oficializará el llamado con un decreto y un anuncio a su regreso de las vacaciones ó si finalmente se delimitará estrictamente al ámbito de Justicia, a través de una resolución ministerial de Garavano.
