Así lo hicieron en un dictamen en el que, también, solicitaron al magistrado que disponga una medida similar sobre el hotel La Aldea, ubicado en la localidad de El Chaltén, perteneciente a la sociedad familiar de los Kirchner, Los Sauces.
"Es criterio de este Ministerio Público Fiscal que se encuentran reunidos los extremos para dictar el embargo preventivo de los hoteles Alto Calafate y La Aldea, pertenecientes a Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. respectivamente", señala el dictamen de Pollicita y Mahiques, al que tuvo acceso Télam.
Allí indicaron que, según pudo determinar la investigación, "la titularidad de los terrenos en los que se emplazan ambos establecimientos turísticos es detentada respectivamente por las sociedades Hotesur y Los Sauces, cuyas participaciones accionarias conformaban el acervo hereditario de Néstor Kirchner y hoy pertenecen —en virtud de la cesión de derechos aludida— a Máximo y Florencia Kirchner".
"En rigor, no se encuentran incluidos en el requerimiento formulado por esta parte que abarcaba únicamente las acciones de estas empresas y no así su patrimonio", en relación al embargo solicitado a fines de noviembre pasado por Pollicita y Ignacio Mahiques en el marco del expediente que tramita en el juzgado de Ercolini, sobre los bienes del patrimonio de Florencia y Máximo Kirchner.
En este sentido, el dictamen apunta que la "matriz de negocios no se habría agotado en el favorecimiento a allegados (en referencia a empresarios K como Lázaro Báez y Cristóbal López) sino que también se habría caracterizado por una canalización de fondos de origen ilícito de parte de aquellos a favor de la propia familia presidencial".
En este contexto, pone el acento en que, para eso, se utilizó "la actividad hotelera, un complejo entramado societario y una serie de operaciones inmobiliarias, en el que Hotesur S.A., a través de su principal posesión, el hotel Alto Calafate, cobra marcada relevancia".
"No caben dudas que el hotel Alto Calafate habría resultado una pieza central en la maniobra desplegada, en tanto proporcionó la estructura sobre la que en definitiva se perfeccionarían, bajo apariencia legal, las millonarias ganancias de la ex familia presidencial que —como se indicó— podrían provenir de distintos hechos delictivos realizados en perjuicio de la administración pública", consigna el dictamen de Pollicita y Mahiques, que ahora se encuentra bajo análisis del juez federal Julián Ercolini.
