La Corte fall\u00f3 a favor de Santa Fe, C\u00f3rdoba y San Luis, que reclamaban la devoluci\u00f3n del 15% de recursos coparticipables detra\u00eddos por la Naci\u00f3n. La Presidente lo extendi\u00f3 a todas las provincias<\/p>\n
El reciente DNU firmado por Cristina Kirchner (2625\/2015), que generaliza la devoluci\u00f3n de la detracci\u00f3n del 15% para todas las provincias sobre los impuestos coparticipables, ampliar\u00e1 a unos $80.000 millones los fondos que resignar\u00e1 en 2016 la administraci\u00f3n nacional en favor de las provincias. No obstante, este cambio en la distribuci\u00f3n de fondos no afectar\u00e1 el financiamiento de la pr\u00f3xima administraci\u00f3n.<\/p>\n
La decisi\u00f3n de la Presidente saliente se produjo luego del fallo de la Corte Suprema de la semana pasada, que exige al gobierno nacional a devolver el 15% de esos fondos coparticipables a Santa Fe, C\u00f3rdoba y San Luis, las provincias que decidieron iniciar acciones judiciales contra el Estado nacional por este reclamo hist\u00f3rico.<\/p>\n
Seg\u00fan datos privados, por la sentencia que benefici\u00f3 a esas tres provincias, \u00e9stas recibir\u00e1n en 2016 10 mil millones de pesos por el cese de la detracci\u00f3n del 15 por ciento. Cifra que, seg\u00fan los analistas, de ninguna manera podr\u00eda desfinanciar al gobierno nacional ni al sistema de seguridad social. Incluso el fallo de la Corte Suprema orden\u00f3 la devoluci\u00f3n de fondos descontados desde 2006, una deuda que puede ser negociada por el gobierno de Mauricio Macri, ya que el Estado nacional mantiene activos cr\u00e9ditos con dichas provincias.<\/p>\n
La Presidente saliente decidi\u00f3 por decreto extender esta eliminaci\u00f3n de la detracci\u00f3n a los 25 distritos que contempla esta distribuci\u00f3n de recursos: las 23 provincias, la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires y el Estado nacional. Una lectura correcta ser\u00eda se\u00f1alar que se trat\u00f3 de una medida pol\u00edtica, que excede ampliamente las consecuencias del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declar\u00f3 inconstitucional esa deducci\u00f3n de la masa de impuestos coparticipables que realiza el Estado nacional, sin el acuerdo de las provincias, para financiar a la ANSES.<\/p>\n
Por el DNU de Cristina Kirchner, el gobierno nacional resignar\u00e1 $80.000 millones de coparticipaci\u00f3n en beneficio de los 24 distritos m\u00e1s la Naci\u00f3n. Sin embargo, el 40% de esos fondos (unos $30.000 millones) continuar\u00e1n bajo administraci\u00f3n nacional por la devoluci\u00f3n de la detracci\u00f3n que tambi\u00e9n corresponde a la Naci\u00f3n como distrito.<\/p>\n
A los restantes $50.000 millones el Gobierno los compensa, pues obras p\u00fablicas y otras transferencias que antes realizaba la Naci\u00f3n ser\u00e1n ahora asumidas por los gobernadores provinciales, que dispondr\u00e1n de la misma masa de dinero que no aumenta en t\u00e9rminos absolutos.<\/p>\n
Aunque no significar\u00e1 un desfinanciamiento del pr\u00f3ximo gobierno de Mauricio Macri, la determinaci\u00f3n de Cristina Kirchner tiene una clara lectura pol\u00edtica. Pone en igualdad de condiciones a los Estados locales que reclamaron por sus derechos a trav\u00e9s de la v\u00eda judicial con aquellos que no lo hicieron, muchos de los cuales se vieron beneficiados por las transferencias discrecionales seg\u00fan el color pol\u00edtico decididas en los despachos de la Casa Rosada y los ministerios de Econom\u00eda, Planificaci\u00f3n e Interior por m\u00e1s de 12 a\u00f1os. A la vez, pone en el mismo plano a los gobernadores que se endeudaron con los que administraron prudentemente sus recursos.
\nEl decreto de la Presidente reconoce expresamente que el fallo de la Corte se aplica s\u00f3lo a tres provincias, aunque la probabilidad de una oleada de demandas del resto de los distritos es improbable: la mayor\u00eda de las provincias sellaron acuerdos \u2013homologados por la Corte\u2013 de desistimiento de juicios, lo que desecha cualquier tipo de gravedad institucional derivada del fallo del m\u00e1ximo tribunal.<\/p>\n
En este contexto, cabe recordar que la situaci\u00f3n general de las provincias cambi\u00f3 sustancialmente cuando, en el a\u00f1o 2009, se suspendi\u00f3 la ley de responsabilidad fiscal que hab\u00eda regido durante el gobierno de N\u00e9stor Kirchner. A partir de ese momento, la mayor\u00eda de los gobernadores tomaron cr\u00e9ditos con el Estado nacional, aunque algunos fueron beneficiados y esas deudas fueron renegociadas por el Gobierno.<\/p>\n
Ese beneficio no corri\u00f3 para Santa Fe, C\u00f3rdoba y San Luis, provincias que fueron excluidas. Esa discriminaci\u00f3n motiv\u00f3 las acciones legales fundadas en la desigualdad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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