{"id":448218,"date":"2026-09-29T22:14:45","date_gmt":"2026-09-30T01:14:45","guid":{"rendered":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/?p=448218"},"modified":"2026-09-29T22:14:46","modified_gmt":"2026-09-30T01:14:46","slug":"la-corte-suprema-dejo-vigente-un-decreto-del-gobierno-que-permite-la-venta-sin-limites-de-tierras-a-extranjeros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notinor.com\/jujuy\/la-corte-suprema-dejo-vigente-un-decreto-del-gobierno-que-permite-la-venta-sin-limites-de-tierras-a-extranjeros\/","title":{"rendered":"La Corte Suprema dej\u00f3 vigente un decreto del Gobierno que permite la venta sin l\u00edmites de tierras a extranjeros"},"content":{"rendered":"\n

La decisi\u00f3n se da luego de la derrota que el oficialismo hab\u00eda sufrido en el Congreso por la Ley de Tierras. Ahora, el m\u00e1ximo tribunal dej\u00f3 sin efecto un fallo que hab\u00eda frenado el DNU 70\/2023 tras un pedido del Centro de ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

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La Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n desestim\u00f3 una demanda que buscaba anular la derogaci\u00f3n de la Ley de Tierras Rurales, una medida dispuesta por el Poder Ejecutivo a trav\u00e9s del art\u00edculo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70\/2023. De esta manera, el m\u00e1ximo tribunal revoc\u00f3 la inconstitucionalidad que hab\u00eda dictado previamente la C\u00e1mara Federal de La Plata sobre el DNU.<\/p>\n\n\n\n

En un fallo firmado este martes, la Corte consider\u00f3 que la entidad que inici\u00f3 la acci\u00f3n legal carece de la legitimidad necesaria para cuestionar la norma en los tribunales, al no configurarse un caso o controversia judicial concreto.<\/p>\n\n\n\n

El conflicto judicial comenz\u00f3 cuando el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata promovi\u00f3 un amparo contra el Estado Nacional. La organizaci\u00f3n civil solicit\u00f3 que se declarara la inconstitucionalidad y la nulidad de la derogaci\u00f3n de la Ley 26.737, la cual regulaba y limitaba la posesi\u00f3n, propiedad o tenencia de tierras rurales en manos de ciudadanos o empresas extranjeras.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan la presentaci\u00f3n de la agrupaci\u00f3n, la eliminaci\u00f3n de este marco de protecci\u00f3n facilitaba la extranjerizaci\u00f3n del territorio y la creaci\u00f3n de latifundios, lo que afectaba de manera directa la soberan\u00eda nacional y la integridad territorial de la Rep\u00fablica Argentina.<\/p>\n\n\n\n

En la primera etapa del proceso, el Juzgado Nacional en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N\u00b0 4 de La Plata rechaz\u00f3 la presentaci\u00f3n judicial.<\/p>\n\n\n\n

En esa instancia se determin\u00f3 que la condici\u00f3n invocada por la asociaci\u00f3n de excombatientes resultaba insuficiente para otorgarle el rol de parte legitimada en el expediente. Asimismo, dej\u00f3 sin efecto una medida cautelar previa y orden\u00f3 retirar la inscripci\u00f3n del caso del Registro de Procesos Colectivos.<\/p>\n\n\n\n

Posteriormente, en marzo de 2024, la Sala III de la C\u00e1mara Federal de Apelaciones de La Plata revoc\u00f3 esa decisi\u00f3n inicial tras un recurso de apelaci\u00f3n presentado por el CECIM. El tribunal de alzada admiti\u00f3 el reclamo, declar\u00f3 la inconstitucionalidad del art\u00edculo 154 del DNU 70\/2023 y orden\u00f3 registrar nuevamente la causa como un proceso colectivo.<\/p>\n\n\n\n

Para justificar su postura, los camaristas Carlos Vallef\u00edn y Roberto Lemos Arias argumentaron que la soberan\u00eda nacional constituye un bien colectivo y que impedir la impugnaci\u00f3n de la norma a una asociaci\u00f3n de excombatientes de Malvinas afectaba la dignidad del ordenamiento jur\u00eddico. Ante este fallo, el Estado Nacional interpuso un recurso extraordinario federal para elevar el debate a la m\u00e1xima instancia judicial.<\/p>\n\n\n\n

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La definici\u00f3n de la Corte Suprema<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n, con las firmas de los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declar\u00f3 procedente el recurso extraordinario del Estado, revoc\u00f3 la sentencia de la C\u00e1mara Federal de La Plata y rechaz\u00f3 la demanda.<\/p>\n\n\n\n

El tribunal centr\u00f3 su an\u00e1lisis en la legitimaci\u00f3n activa, un requisito constitucional indispensable que exige la existencia de un \u201ccaso\u201d o \u201ccontroversia\u201d real para que los jueces federales puedan intervenir. La resoluci\u00f3n record\u00f3 que la reforma constitucional de 1994, si bien ampli\u00f3 las v\u00edas de acceso a la justicia, no elimin\u00f3 la necesidad de demostrar un perjuicio concreto, ya que los tribunales no tienen la funci\u00f3n de realizar un control abstracto de legalidad o depurar el ordenamiento jur\u00eddico de manera objetiva.<\/p>\n\n\n\n

Los ministros de la Corte explicaron que la soberan\u00eda territorial, definida como la facultad exclusiva del Estado para gobernar y ejercer sus funciones dentro de un espacio geogr\u00e1fico determinado, es un elemento constitutivo del propio Estado. Por esta raz\u00f3n, determinaron que estas competencias estatales no pueden encuadrarse bajo la categor\u00eda de \u201cbien colectivo\u201d en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 43 de la Constituci\u00f3n Nacional.<\/p>\n\n\n\n

Al no existir un bien colectivo afectado, la Corte concluy\u00f3 que tampoco se configur\u00f3 un derecho de incidencia colectiva que habilitara la personer\u00eda de la asociaci\u00f3n civil para litigar en este asunto.<\/p>\n\n\n\n

En su pronunciamiento, el tribunal supremo advirti\u00f3 sobre la persistencia de fallos de instancias inferiores que admiten representaciones legales \u201cnotoriamente alejadas\u201d de la jurisprudencia establecida. Los jueces se\u00f1alaron que habilitar expedientes judiciales sin la existencia de una causa real representa una transgresi\u00f3n al principio de divisi\u00f3n de poderes establecido en la Constituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente, la Corte Suprema aclar\u00f3 que esta sentencia se limit\u00f3 exclusivamente a resolver la falta de legitimaci\u00f3n de la parte actora y la ausencia de un caso judicial.<\/p>\n\n\n\n

Por lo tanto, el fallo no implica un pronunciamiento sobre la validez constitucional del DNU 70\/2023 ni representa una interferencia en las atribuciones del Poder Legislativo para analizar la norma de emergencia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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