Miembros del consejo directivo del Colegio de Abogados de Jujuy exhortan al gobernador Eduardo Fellner que derogue el Decreto Acuerdo N0 5081-G que reglamenta la ley provincial N0 4444 \u201cDe publicidad de los actos de gobierno y de libre acceso a la informaci\u00f3n del Estado\u201d, y que se ajuste la normativa local, y a la jurisprudencia nacional e internacional.<\/p>\n
El nuevo decreto desnaturaliza una ley que \u2013adem\u00e1s de haber sido de las primeras de su tipo en la Argentina\u2013 es fundamental para la libertad de expresi\u00f3n y el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablicade la comunidad;restringe el acceso a datos mediante la incorporaci\u00f3n de medidasburocr\u00e1ticas y costos adicionales y agrega una serie de restricciones a informaciones p\u00fablicas que son consideradas \u201creservadas\u201d por parte del Estado provincial.<\/p>\n
Las tendencias jurisprudenciales locales e internacionales, adoptadas como propias por la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n, indican que el acceso a la informaci\u00f3n debe garantizar los principios de \u201cm\u00e1xima apertura\u201d y de \u201cm\u00e1xima divulgaci\u00f3n\u201d de la informaci\u00f3n en manos del Estado. Adem\u00e1s, que el secreto no s\u00f3lo debe estar delimitado con precisi\u00f3n sino que a la vez debe ser la excepci\u00f3n. En este caso, la nueva reglamentaci\u00f3n revierte ese principio y hace del secreto una regla. En este sentido, formulamos objeci\u00f3n a los art\u00edculos 11, 15 y el 16 del decreto reglamentario en los puntos en que se exceden en limitar el derecho de acceso a la informaci\u00f3n.<\/p>\n
En este sentido, resulta necesario destacar que la jurisprudencia m\u00e1s moderna indica tambi\u00e9n que el acceso a la informaci\u00f3n debe tender al informalismoy a la gratuidad. En estos casos, el decreto cuestionado suma nuevos pasos burocr\u00e1ticos que constituyen verdaderas trabas y obst\u00e1culos para la obtenci\u00f3n de informaci\u00f3n por parte de la ciudadan\u00eda. Entre otros, seg\u00fan las exigencias del gobierno local se debe: completar un formulario; pagar un sellado en Rentas de la provincia y obtener un certificado de residencia en la polic\u00eda, entre otros requisitos. Los miembros del CAJ tambi\u00e9n consideranque es inconstitucional el decreto reglamentario y la ley 4444 en su Art\u00edculo 10, ya que todo ciudadano \u2013juje\u00f1o o de cualquier otra jurisdicci\u00f3n\u2013 deber\u00eda estar habilitado para requerir informaci\u00f3n oficial, por lo que el pedido de una constataci\u00f3n de residencia ir\u00eda en contra de otro principio fundamental: la \u201cno discriminaci\u00f3n\u201d y la no existencia de limitantes geogr\u00e1ficas.<\/p>\n
En este sentido, los abogados recuerdan que el derecho a la libertad de expresi\u00f3n, base de la vida en democracia, comprende \u201cla libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda \u00edndole, sin consideraci\u00f3n de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o art\u00edstica, o por cualquier otro procedimiento de su elecci\u00f3n\u201d, tal como indica la Convenci\u00f3n Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica) incorporada a nuestra Constituci\u00f3n Nacional(Art\u00edculo 75, inciso 22).LA OEA tambi\u00e9n dict\u00f3 la Ley Modelo Interamericana sobre el Acceso a la Informaci\u00f3n y una Gu\u00eda para su implementaci\u00f3n que esta reglamentaci\u00f3n contradice.<\/p>\n
Entre otras cr\u00edticas que expresan, el decreto nombra como organismo de aplicaci\u00f3n a la Direcci\u00f3n Provincial de Prensa y Difusi\u00f3n, encargada de \u201cbrindar toda la informaci\u00f3n p\u00fablica que el Poder ejecutivo produzca por su propia iniciativa\u201d. Sin embargo, todos los organismos del Estado deber\u00edan garantizar una\u201ctransparencia activa\u201d y no s\u00f3lo a trav\u00e9s de declaraciones de los funcionarios o de la respuesta a requerimientos ciudadanos sino de la publicaci\u00f3n abierta de datos amplios y objetivos de gesti\u00f3n en los distintos niveles. As\u00ed, la decisi\u00f3n de brindar proactivamente informaci\u00f3n implicar\u00eda incorporar mecanismos hoy al alcance de la mano gracias a las nuevas tecnolog\u00edas, con la ventaja de que reducir\u00eda la reiteraci\u00f3n de pedidos de acceso a la informaci\u00f3n al Estado.<\/p>\n
El decreto reglamentario fue publicado el viernes 10 de julio de 2015 en el Bolet\u00edn Oficial de Jujuy N0 76 y entr\u00f3 en vigencia al d\u00eda siguiente, seg\u00fan el texto que se dio a conocer. Derog\u00f3 as\u00ed los decretos acuerdos N07930-G-03 y N0 1072-G-04, que tambi\u00e9n fueron en su momento motivo de controversia.<\/p>\n
De acuerdo con el colegio de Abogados, los siguientes fallos han sentado precedente en nuestra jurisprudencia en maeria de acceso a la informaci\u00f3n, \u00a0y \u00a0el Decreto Acuerdo N0 5081-G contradice:
\n- Oehler, Carlos A. c\/Secretar\u00eda de Turismo y Cultura de la Provincia de Jujuy - Estado Provincial s\/ recurso de inconstitucionalidad. (CSJN - 0.16.XLVIII)<\/p>\n
-Fitz Patrick c\/Estado Nacional s\/amparo. Tribunal Contencioso Administrativo Federal N\u00ba 4.<\/p>\n
-CIPPEC c\/Estado Nacional s\/amparo (CSJN - C830.XLVI).<\/p>\n
-Asociaci\u00f3n Derechos Civiles c\/ EN PAMI (dto. 1172\/03) si amparo ley 16.986. (CSJN A 917 XLVI)<\/p>\n
-Caso Claude Reyes y otros vs Chile(Corte Interamericana de Derechos Humanos)<\/p>\n
\"Por todo ello, instamos al gobernador Dr. Eduardo Fellner que promueva un cambio normativo acorde con los tiempos que corren, que permitan convertir a Jujuy en una provincia innovadora en materia de acceso a la informaci\u00f3n, como parte de la libertad de expresi\u00f3n, derecho humano fundamental y pilar de la vida democr\u00e1tica\", concluyeron los Dres. Fernando Zurueta, Cecilia Rodriguez, y Juan Pablo Bianchedi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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