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La Justicia orden\u00f3 la prisi\u00f3n preventiva de Crist\u00f3bal L\u00f3pez y de su socio Fabi\u00e1n de Sousa por haber evadido $8000 millones de pesos en impuestos a los combustibles de su empresa Oil. La decisi\u00f3n fue de los jueces Gustavo Hornos y Eduardo Riggi de la Sala I de la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n, que ordenaron a la C\u00e1mara Federal y al juez Juli\u00e1n Ercolini que disponga la detenci\u00f3n.<\/p>\n
As\u00ed, L\u00f3pez volver\u00eda a prisi\u00f3n, donde estuvo casi tres meses desde el pasado diciembre hasta que en un controvertido fallo, con el voto de los jueces Jorge Ballerstero y Eduardo Farah, fue excarcelado.<\/p>\n
El fallo de Casaci\u00f3n vuelve a considerar que el delito que cometi\u00f3 L\u00f3pez es fraude y no evasi\u00f3n fiscal, una calificaci\u00f3n que le hubiera permitido pagar y evitar la c\u00e1rcel.<\/p>\n
Seg\u00fan detall\u00f3 el Centro de Informaci\u00f3n Judial (CIJ), el doctor Hornos consider\u00f3 en su voto que \"no se puede incurrir en una percepci\u00f3n ingenua y sesgada de la real dimensi\u00f3n de los hechos juzgados\".<\/p>\n
\"Como graves hechos de corrupci\u00f3n vinculados con otras formas de delincuencia, en particular la delincuencia econ\u00f3mica, es responsabilidad del Estado la erradicaci\u00f3n de la impunidad en virtud de los compromisos internacionales asumidos por nuestro pa\u00eds\", indic\u00f3.<\/p>\n
Adem\u00e1s, resalt\u00f3 \"las amenazas que plantea la corrupci\u00f3n para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la \u00e9tica y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley\".<\/p>\n
\"El juez Hornos concluy\u00f3 que la compleja maniobra delictiva montada en el caso por funcionarios de la AFIP: Etchegaray en su entonces rol de Administrador Federal, en clara connivencia con los encausados L\u00f3pez y de Sousa, excedieron en su dimensi\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica los l\u00edmites del espec\u00edfico delito tributario en el que fueron encuadrados los hechos juzgados en la resoluci\u00f3n impugnada, en aspectos sustanciales tanto objetivos como subjetivos, toda vez que se investiga en el caso el desarrollo ejecutivo de una clara, compleja y sistem\u00e1tica maniobra defraudatoria en perjuicio de los intereses de car\u00e1cter econ\u00f3mico del Fisco, que constituye el delito de administraci\u00f3n fraudulenta en perjuicio de la administraci\u00f3n p\u00fablica\", indic\u00f3 el CIJ.<\/p>\n
Por su parte, el juez Riggi se\u00f1al\u00f3 que lo investigado \"supera con creces lo que pod\u00eda considerarse un delito tributario, pues no es otra cosa que parte de la estructura delictiva que entre privados y funcionarios p\u00fablicos se mont\u00f3 en el af\u00e1n de obtener los recursos del Estado para beneficiarse individualmente\".<\/p>\n
En cuanto a la prisi\u00f3n preventiva de L\u00f3pez y De Sousa, Riggi consider\u00f3 que \"la extrema gravedad de las imputaciones formuladas, sumada a la contundente prueba recolectada, y aunada al inconmensurable da\u00f1o causado al Estado por el delito (.) justifican la restricci\u00f3n de la libertad personal\".<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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